11 de marzo, el día D: ¿volvemos a la guerra?

Así se compone la JEP. Imagen: suministrada.

Los problemas más frecuentes que tenemos en esta cotidianidad son la falta de contexto de muchos de los ciudadanos que toman sus decisiones y opiniones políticas basadas en la calentura de las vísceras.

Sin tomarse siquiera un tiempo para reflexionar acerca de lo que escucha, lee y oye, las personas dan opiniones políticas basados en lo que les quieren vender los medios de comunicación masivos, especialmente los dos grandes monopolios mediáticos.

La arremetida feroz de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez, ha hecho que la comunidad sienta desconfianza, especialmente por el sistema judicial de la Justicia Especial de Paz, que valga la pena aclarar no es solo el sistema penal, sino que se complementa con otros espacios como la comisión de esclarecimiento de la verdad y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas.

Todo un andamiaje administrativo, jurídico y político que pretende encontrar la verdad histórica y jurídica de más de 52 años de guerra.

Desde el mes de diciembre se encuentra en el despacho del presidente Iván Duque la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz en espera de ser firmada por él, para que empiece su implementación en todos los escenarios que se requieran y poder avanzar conforme al ritmo para el que fue estructurada.

Según el artículo 166 de la Constitución, los términos que tiene el jefe de Estado para sancionar esta ley son de “hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta”, como es el caso de esta iniciativa. Estos días, según la Corte Constitucional, son hábiles, lo que arroja el 11 de marzo, si el presidente la devuelve al Congreso estaremos entonces a manos de que la firme el bachiller presidente del Senado, Ernesto Macías.

Sin embargo el presidente no se ha pronunciado a favor de firmarla y mucho menos de adjudicar los recursos que se requieren para todo esto y en este proceso los más perjudicados son las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, además de los comparecientes.

Entre los comparecientes los más perjudicados son los policías y militares que están siendo procesados por delitos de lesa humanidad, delitos de guerra o infracciones al derecho internacional humanitario quienes ya solicitaron formalmente su ingreso a la jurisdicción e incluso muchos de ellos gozan del beneficio de libertad gracias a las actas de compromiso.

Perder los beneficios de la jurisdicción especial de paz los pondría en riesgo de ser duramente juzgados por la Corte Penal Internacional, ya que nuestro país regresó a los tratados internacionales en la presidencia de Juan Manuel Santos.

Retrasar la firma de la ley estatutaria sólo perjudica a quienes necesitan recuperar su libertad después de tantos años detenidos, a quienes necesitan ubicar los cuerpos de sus familiares desaparecidos y a quienes esperan una verdad jurídica que les permita encontrar la paz espiritual tan anhelada en busca de una respuesta pronta.

Amén de retrasar por dos años o más la implementación, el proceso está blindado jurídicamente y cumple todos los requisitos constitucionales; lo único que pretende al gobierno es utilizar el caballito de batalla de la llamada IMPUNIDAD para tener un discurso pachuco sobre una «JUSTICIA» que ellos mismos le están negando a las víctimas.

Muchos de los comparecientes están comprometidos con la responsabilidad de decir la verdad de los hechos ocurridos antes durante y después del conflicto armado tanto los que pertenecieron al aparato Estatal como los que vivieron en la ilegalidad y a esa VERDAD es a la que le temen los terceros responsables, quiénes fueron al final los más beneficiados con la atrocidad de la guerra.
Gracias al accionar delincuencial de unos y otros lograron acumular miles de hectáreas de tierra apoderarse los recursos naturales y exterminar pueblos enteros.

Negar que las cosas ocurrieron es sin duda alguna un acto de IMPUNIDAD, pretender que quienes construimos la memoria histórica de la guerra desconozcamos los dolores ajenos es un acto infame y cruel.

¡Los muertos no tienen memoria!

Sea éste el momento de reflexionar acerca de qué país queremos heredarle a nuestros hijos.

Este 11 de marzo, quedará en nuestra memoria colectiva como el principio del fin…un fin que pudimos evitar.

P.D. los patrones no visitan a los gatilleros en la cárcel.

Por: Nubia Flor Russi.

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