Abogado del Imdri aparece en polémico contrato de la máquina ‘tapahuecos’

Rodolfo Salas

Un millonario escándalo de contratación nacional.

En los últimos meses Rodolfo Salas Figueroa ha destacado por ejercer la representación de las víctimas en los procesos penales por el robo de los Juegos Nacionales 2015, uno de los peores hechos de corrupción que se recuerden en el orden local y nacional.

Sus actuaciones han merecido que los jueces impongan condenas, medidas de aseguramiento y el letrado ha velado por la reparación y la devolución de bienes y dinero que los contratistas, exservidores y particulares se apropiaron hace dos años con la debacle de las obras y escenarios para Ibagué.

Pero hay un ‘lunar’ en la carrera de Rodolfo Salas: su nombre aparece vinculado con el contrato de la máquina ‘tapahuecos’ que se realizó en el Distrito de Bogotá, durante la alcaldía de Gustavo Petro y que ha merecido  sanciones y reproches de todos los organismos de control.

En efecto, el 27 de diciembre de 2013, el Distrito otorgó a la firma Green Patcher Colombia SAS, el contrato 638 en cuantía de $11.822 millones para “aplicar la tecnología de parcheo por inyección a presión neumática para acciones de movilidad en la malla vial de la ciudad de Bogotá”.

Pero al poco tiempo se denunció que la empresa Green Patcher no tenía la experiencia necesaria y que su representante legal era el actor Juan Pablo Posada Arciniegas, natural de Guamo, Tolima, y conocido en el medio de la farándula como el ‘Chuli Patiño’, en relación a un personaje que caracterizó en una serie de televisión hace algunos años.

Luego, se cuestionó el accionar de la máquina y medios nacionales hablaron de su probada ineficacia a la hora de pavimentar los huecos de la capital de la república.

En el contrato de la máquina tapahuecos se lee que quien proyectó el mismo fue “Rodolfo Salas F.”, para ser firmado por la directora general de la unidad de Mantenimiento Vial, María Gilma Gómez Sánchez. También aparece dando su aprobación al contrato, la tolimense María Constanza Aguja Zamora, quien ejerció como secretaria general de Mantenimiento Vial.

Máquina no cumplió expectativas

El diario El Tiempo indicó que “según un informe de la Veeduría Distrital, Green Patcher Colombia S. A. S., contratista encargado de inyectar mezcla asfáltica por medio de la polémica máquina tapahuecos, no cumplió con su objetivo.

Así lo advirtió el organismo de control al revelar que el contratista no logró inyectar los 15.684 metros cúbicos de mezcla asfáltica que debía. ‘Al 29 de noviembre había aplicado 11.626 metros cúbicos, es decir, el 74 por ciento de la meta’, señaló.

Luego, la misma Veeduría Distrital emitió un informe en el que se afirmaba que Green Patcher Colombia S. A. S. tenía ‘falencias relacionadas con el equipo humano de trabajo, la calidad de la mezcla (…) y un atraso en el cronograma’.

Por lo anterior, el contratista tuvo que rehacer la mezcla asfáltica para que cumpliera con las condiciones necesarias. Esta vez, con otro proveedor, con el fin de que los hundimientos ya arreglados no volvieran a aparecer.

Por su parte, el ingeniero Juan Carlos Abreo, director de la Unidad de Mantenimiento Vial, afirmó que un poco más de 700 huecos que fueron tapados con la remalladora en el 2014 no fueron pagados. Esto, debido a que no cumplían con la calidad requerida por el Distrito”.

En esta imagen Salas está junto al alcalde Jaramillo en la liquidación de los contratos de Juegos Nacionales.

Sanciones 

Pero la Procuraduría al investigar el contrato decidió sancionar con inhabilidad de 10 años en el ejercicio de funciones públicas a María Gilma Gómez y a María Constanza Aguja. Esta última, se encontraba contratando con la Alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo al momento en que le confirmaron la sanción.

También se multó con un mes de salario a Olga Patricia Mendoza, exjefe jurídica de Mantenimiento Vial quien revisó el polémico contrato. Pero a Rodolfo Salas no se le realizó ningún reproche o sanción.

Recientemente causó sorpresa el poder que tomó el abogado Rodolfo Salas Figueroa para representar al exgobernador del Tolima Fernando Osorio, en el proceso penal que tiene el dirigente liberal por los líos del convenio Andrés Bello, en materia educativa.

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