Ambientalistas extremos

Ramiro Bejarano Guzmán

Ramiro Bejarano Guzmán

En los últimos días hemos visto el debate entre los bien llamados “ambientalistas extremos” y algunas autoridades como el ministro de Ambiente o la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, ambos funcionarios bien intencionados, quienes con valor se han atrevido a destrabar la engorrosa ineficacia administrativa que encontraron.

Para los extremo-ambientalistas nada está bien, y las únicas acciones adecuadas para la protección del medio ambiente son las prohibiciones, reservas y restricciones para el desarrollo, suspender obras públicas, limitar iniciativas industriales y multiplicar la burocracia y los trámites interminables. Tan es así que el denominado decreto de licencias exprés no pudo ser expedido como se diseñó inicialmente, porque a los enceguecidos extremistas les pareció que la eficacia administrativa atentaba contra el medio ambiente. Por supuesto ellos se engañan, porque las licencias ambientales nunca fueron expedidas en los plazos del decreto que no fue posible derogar, ni iban a ser expedidas en los términos más cortos de la iniciativa en mala hora frustrada.

En Colombia el nivel de zonas restringidas o prohibidas por razones ambientales supera el 50% del empobrecido territorio, y aunque suenan las alarmas del desabastecimiento energético, a los extremo-ambientalistas, les parece que hay que crear más parques naturales. Tales decisiones, que afectan gravemente las condiciones de vida de las regiones, las toma un funcionario ambiental desde su escritorio, cuando en otros países la creación de parques o de zonas restringidas requiere inclusive un referendo. Aquí la dictadura ambiental impone el uso de la tierra sin que intervenga ninguna instancia medianamente democrática.

A los ambientalistas a ultranza no les gusta la minería ni el petróleo, y claro, en esta industria hay ejemplos aterradores que a los medios les fascina mostrar distorsionadamente como si fueran legales, cuando usualmente corresponden a actividades ilegales. En efecto, nada más fácil que perseguir industrias organizadas que pagan arbitrarias sanciones impuestas por burócratas, cuando el verdadero daño ambiental lo causan los ilegales donde el Estado nunca llega, y muy por el contrario, los ampara con toda clase de subterfugios normativos, muchos de ellos propiciados durante la seguridad democrática, cuando hizo su agosto la minería ilícita en manos de paramilitares.

Aunque no hay sector en el que no se hagan sentir los ambientalistas imponiendo su absolutismo, recientemente han hecho mucho daño en la construcción de importantes carreteras, como La Línea o la Ruta del Sol, ambas dilatadas por obra de limitaciones ambientales. Me pregunto, ¿dónde estaban los defensores del medio ambiente cuando en Europa y Estados Unidos construyeron los miles de kilómetros de autopistas, con túneles y puentes, o para no ir muy lejos, en Ecuador, Venezuela y Panamá? No se entiende por qué en esos países sí se pudo, y aquí no despega la infraestructura vial.

La sociedad en la que vivimos consume minerales e hidrocarburos y las comodidades de la vida moderna aumentan su demanda en forma exponencial, de manera que aunque los extremo-ambientalistas lo pretendan, no podemos sustraernos a esta realidad. ¿Cuántos de los furiosos ambientalistas estarían dispuestos a dejar su celular, cada vez más delgado gracias al coltán, lleno de cobre y otros minerales, para ser verdaderamente consecuentes con sus intransigencias? ¿O de dónde quieren que salga la arcilla de los ladrillos y el cemento de sus casas? ¿Y la gasolina de sus carros, el oro de sus muelas, o las vías para desplazarse en el país o para ir a sus haciendas o a las de sus amigos, etc.? Si los fundamentalistas del medio ambiente quieren vivir en la selva o con taparrabos, están en su derecho, pero que no se olviden de los derechos de los demás.

Adenda. Y si en Colombia el 75% de los procesos arbitrales son proclives a condenar al Estado, mientras que en la jurisdicción contenciosa no alcanza un 20%, ¿por qué mejor no se suprime el arbitraje para dirimir controversias con entidades públicas, como ocurre en muchos países?

Por: Ramiro Bejarano Guzmán, tomada de elespectador.com