Breves comentarios sobre ley de conductores ebrios

Aguja

Rafael Aguja

Definitivamente legislar de afán, por encargo o al compás de los acontecimientos, resulta, cuando menos criticable y desastroso para la seguridad jurídica de los ciudadanos, como acaba de suceder con la Ley 1696 de 2013, conocida popularmente como “ley contra conductores ebrios”, pese a los anuncios de prensa, el “apoderamiento” de la misma por parte de políticos despistados y, hasta de sectas religiosas camufladas de movimientos de opinión.

El título de dicha ley es equivoco y otro tanto acontece con su artículo primero, los cuales desde el punto de vista idiomático hacen ver que a los congresistas colombianos, aparte de técnica legislativa, cuando hicieron primaria y bachillerato, les quedaron debiendo los básicos conocimientos de la lengua de Cervantes.

En concreto, desde el punto de vista penal, la Ley 1696 de 2.013 (diciembre 19) se reduce a establecer en el artículo segundo una causal más de agravación punitiva, adicionando así, las cinco existentes del artículo 110 del Código Penal, en el cual se consagraron las causales de agravación específica de agravación punitiva del delito de homicidio culposo, descrito y sancionado en el artículo 109 de la codificación penal sustantiva.

Independientemente de los errores gramaticales y de sintaxis de la nueva norma penal, esta se reduce a precisar que cuando el delito de homicidio culposo se realice encontrándose el sujeto agente “bajo el grado de alcoholemia igual o superior al grado 1º o bajo el efecto de droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica” y ésta haya sido la causa determinante del hecho, “la pena se aumentará de las dos terceras partes al doble, en la pena principal y accesoria” (sic).

El enunciado anterior crea un verdadero galimatías, entre otras razones, porque si el conductor de una automotor que ocasione la muerte a otra persona, así se encuentre en estado de embriaguez, podrá, eventualmente, alegar una causa determinante distinta, lo que necesariamente deberá ser establecido por la investigación que realice la Fiscalía General de la Nación o a través de a investigación particular de la defensa.

Pero lo más grave es que la norma no aclara cómo se aplicará el aumento de pena para el caso de los homicidios culposos consumados por causa de la embriaguez del conductor, de las dos terceras partes al doble, porque no se sabe si las dos terceras partes es de la pena mínima y el doble de la pena máxima, teniendo en cuenta que el art. 109 del Código Penal establece para dicho delito una pena de dos (2) a seis (6) años de prisión y multa de veinte (20) a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Si las dos terceras partes de aumento de pena se le aplica al mínimo, la pena mínima para el delito de homicidio culposo será entonces de cuarenta (40) meses y si el doble se le aplica a la pena máxima, entonces la pena será de doce (12) años, lo cual significa que en lo sucesivo la pena con la cual se pueda sancionar a un conductor ebrio que cause la muerte a una persona deberá calcularse entre el mínimo de cuarenta (40) meses, esto es, de tres (3) años y cuatro (4) meses y doce (12) años, esto es, ciento cuarenta y cuatro (144) meses.

Esto es todo.

De ahí que resulte incomprensible que el gobierno nacional de una parte, los congresistas “religiosos” y los despistados y hasta el comando superior de la Policía Nacional, hayan propalado la especie y lo sigan haciendo de que si un conductor ebrio consuma la conducta punible de homicidio culposo, podrá ser sancionado hasta con veintiocho (28) años de prisión, circunstancia que no se deduce del texto de la ley, lo cual no justifica y menos de parte nuestra que se conduzcan automotores en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias que alteren el estado emocional del conductor.

El aspecto relacionado con las medidas administrativas a las cuales se refiere los artículos tercero, cuarto y quinto de la Ley 1696 deberán ser examinadas, como seguramente sucederá, a la luz del derecho constitucional, porque es posible que se haya violado el artículo 34 de la Constitución Política, como ya lo han señalado algunos especialistas en la materia.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario, conjuez del Tribunal Superior de Ibagué.

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