Carta al Ministro de Justicia

Aguja

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, contó por mucho tiempo con diez (10) magistrados y todo marchaba bien, por fortuna para la administración de justicia. Sin embargo, de un momento a otro sin previo aviso y sin motivación alguna, al menos pública y conocida, el honorable Consejo Superior de la Judicatura suprimió, ni más ni menos, cinco (5) plazas de magistrados de dicho ente jurisdiccional y, para colmo, el presidente del Concejo Municipal de Ibagué de la época, aupado por algunos concejales despistados, en sesión solemne y pública, condecoró al presidente de dicha alta corte por los “servicios prestados” a la ciudad y al departamento.

Desde entonces, los Magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones de dispensadores de justicia, en materia penal, pero la carga laboral que soportan y que vienen soportando desde que sucedió lo anterior, es, si se quiere superior a su buena voluntad y a su vocación de servicio, circunstancia que se refleja en la denominada “mora judicial”, no obstante la implementación del sistema penal acusatorio.

¿Será posible, entonces, señor Ministro, que a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué se le restablezcan algunas de las cinco (5) plazas de magistrados, que le fueron suprimidas?

El hacinamiento carcelario, desafortunadamente, también afecta a las cárceles del distrito judicial del departamento del Tolima y, muy especialmente, al Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué, situación que se agrava cada día más con los problemas que se derivan directa o indirectamente, de dicha circunstancia contraria no solamente a los propósitos de la Constitución Política, del ordenamiento penal vigente y del derecho internacional, constituyéndose, como ha sido calificado por algunos, no en calamidad pública sino en vergüenza nacional e internacional, que afecta inclusive a la imagen del gobierno nacional, sin solución viable a la vista.

Ahora aparece que en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Picaleña para que se expida la documentación carcelaria con destino a los distintos Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se requiere, al estilo de lo que sucede con el sistema subsidiado de salud, de tramitar previamente una tutela, sin que se tenga en cuenta que esa documentación es requerida como presupuesto fáctico, legal y probatorio para el trámite de solicitudes de libertad y de sustitución de prisión intramural por prisión residencial, en cualquiera de sus modalidades.

Esta situación no solamente viola los derechos de las personas privadas de libertad, sino que contribuye a ser más gravoso y penoso el hacinamiento que padecen y, para rematar, se abren espacios para que la corrupción administrativa cobre entidad, en detrimento de claros y precisos derechos, respecto de quienes, por decisión judicial, se encuentran privados de libertad.

¿Esta situación, señor Ministro, podrá ser remediada por su despacho, de manera inmediata?

Los cinco Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué están totalmente saturados de procesos fallados, bien que tengan relación con personas privadas de la libertad o no, lo que se refleja que peticiones simplemente de trámite, como la expedición de sentencias, por ejemplo, se demoren hasta cinco meses para ser resueltas, poniéndose en evidencia otra circunstancia más de la denominada “mora judicial”.

De ahí que esta situación requiera de solución urgente y no puede ser otra que la designación, así sea por un tiempo prudencial, de por lo menos cinco (5) Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión, por parte del honorable Consejo Superior de la Judicatura.

¿Será posible, señor Ministro, que con su intervención el honorable Consejo Superior de la Judicatura haga este “milagrito”, teniéndose en cuenta que, además, un ilustre hijo de Purificación, hace parte del mismo?

Por lo demás, señor Ministro, nos sentimos satisfechos con su designación como titular de la cartera de Justicia y del Derecho, entre otras razones, porque siento usted conocedor como ninguno otro de la problemática derivada de la denominada “cultura carcelaria” que carcome a la sociedad colombiana, puede contribuir a la solución de los problemas enunciados, en cuanto al departamento del Tolima y a la ciudad de Ibagué se refiere.

Por último, no deje de lado, señor Ministro, hasta donde le sea posible, acelerar la expedición del nuevo Código Penitenciario y Carcelario, mejorando su articulado y adecuándolo a los propósitos modernos de la pena privativa de la libertad, para que sirva de herramienta legal para hacer mejor a la sociedad colombiana.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario, conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

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