Consejo de Estado deja sin efectos consulta minera para Ibagué

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La corporación decidió de fondo sobre el polémico tema.

En una providencia, la sección quinta del Consejo de Estado negó la impugnación presentada por la Alcaldía de Ibagué, luego que otra sala de la corporación señalara sobre la inviabilidad de le pregunta presentada y aprobada por el Concejo en 2016.

El alto tribunal señaló que “se evidencia que la pregunta no es neutral y no garantiza la libertad del elector, toda vez que induce a una respuesta lo que vulnera el derecho fundamental del debido proceso de la parte actora, en razón a que no cumple con los requisitos que la Corte Constitucional ha señalado”.

En este orden, se comparte lo manifestado por el fallador a quo de tutela, de que la pregunta contiene juicios de valor negativos sobre la minería, que dirigen la voluntad del elector a votar por el NO e impiden que el votante manifieste libremente su voluntad, con lo cual es claro que no se garantiza la claridad, lealtad e imparcialidad”, señala el fallo.

También se deja sin efecto jurídico la viabilidad que a la consulta había otorgado el Tribunal Administrativo del Tolima.

La medida, tuvo como ponente a la magistrada Rocío Araújo Oñate.

La pregunta que aprobó en febrero de 2016 el Concejo era “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen la contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.

Tal parece que la pregunta de la consulta era ambigua y podría inducir a error a los potenciales electores.

Inicialmente se iba a realizar en el mes de octubre del año pasado, pero una serie de tutelas llevaron a frenar el proceso.

Entre quienes entutelaron la consulta estaban algunos mineros y asociaciones quienes consideraron que la pregunta pretendía vetar toda actividad extractiva en la ciudad, incluido el material de arrastre, actividad de la que viven cientos de comerciantes en Ibagué.

Uno de los accionantes es Carlos Enrique Robledo Solano, al igual que Alberto Enrique Cruz Tello.

No obstante, la consulta podría volver a ser aprobada a instancias del alcalde Jaramillo, eso sí, reformulando la pregunta que se va a someter a consideración de los electores.

El Consejo de Estado dejó en claro que los alcaldes tienen potestad para convocar a consultas populares: “los entes territoriales tienen competencia para ordenar el territorio y para reglamentar los usos del suelo, ejercida a través de las autoridades locales, esto es el Concejo y el alcalde, lo que permite adoptar normas y medidas sobre las actividades que puedan desarrollarse en el territorio del municipio, como ocurre con el uso del suelo y la minería; por tanto, las consultas populares sobre proyectos y actividades de minería se encuentran en el marco de la competencia de las entidades territoriales, por tanto el alcalde puede promover la iniciativa de consulta popular sobre la posibilidad de desarrollar actividades y proyectos mineros”.

Jaramillo ha dicho que se opone a la megaminería, en especial al proyecto de La Colosa, que desarrolla en Cajamarca, la multinacional AngloGold Ashanti.

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