Consejo de Estado le pone freno a consultas populares en Colombia para temas mineros

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Alcaldes no pueden desbordar el ámbito de sus competencias a asuntos exclusivos de la nación, dice la alta corte.

El Consejo de Estado  tumbó  una decisión del Tribunal Administrativo de Casanare,  que el pasado 24 de febrero había avalado una petición del alcalde del municipio de Monterrey, para adelantar una consulta popular que pretendía impedir los trabajos de exploración y explotación adelantados por Ecopetrol S.A. en el área rural de ese municipio.

Con ponencia del Consejero, Alfonso Vargas Rincón, la Sección Segunda del alto tribunal, resolvió una acción de tutela en la que amparó el derecho fundamental al debido proceso de Ecopetrol S.A. y dejó sin efectos toda la actuación surtida para el trámite de consulta popular por parte del Tribunal Administrativo de Casanare.

El Consejo de Estado conceptuó que “Al proferir la decisión, el Tribunal pasó por alto las limitaciones de las entidades territoriales para convocar consultas populares, contenidas en los artículos 8 y 51 de la Ley 134 de 1994,  y omitió las normas constitucionales que otorgan al Estado la propiedad del subsuelo y la explotación de los recursos naturales no renovables. Si bien es cierto, los alcaldes están facultados por la Constitución y la Ley para someter a consideración del pueblo, mediante consulta popular, asuntos de trascendencia; el objeto de la consulta debe estar orientado a aspectos que no desborden el ámbito de competencias del ente territorial y menos que el contenido de la pregunta objeto de consulta, induzca a confusiones”.

Adicionalmente, “la decisión del Tribunal vulneró los derechos de la compañía Ecopetrol y los interesados en el trámite de la consulta popular, toda vez que no les permitió interponer recursos, impidiéndole acudir a los jueces, impugnar sus providencias y vulnerando su derecho de defensa”; resalta en sus consideraciones.

El Consejo de Estado, consideró que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, desconoció los derechos fundamentales de Ecopetrol S.A. por desatender el régimen de competencias, debido a que las actividades de la industria de los hidrocarburos es un asunto de interés general que compete a entidades nacionales.

“Permitir que este tipo de asuntos se sigan sometiendo a la voluntad popular, sin atender los criterios de trascendencia, naturaleza e importancia, conllevaría a instaurar un precedente equivocado que provocaría un sinnúmero de consultas populares en el mismo sentido, restringiendo la posibilidad de adelantar actividades de hidrocarburos, a pesar de estar permitidas y suficientemente reguladas.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el derecho a la participación ciudadana no tiene carácter absoluto, como la señaló la Corte Constitucional en sentencia T123 de 2009, pues el ningún caso puede estar por encima de la Constitución y la Ley”; Sentencia el Consejo de Estado.