Cuestiones judiciales

aguja Sanabria

Rafael Aguja Sanabria

Las cuestiones judiciales siempre serán noticia y, en muchos casos, los medios se ocupan de las mismas por su incidencia en la vida ciudadana y el impacto social que produce.

Entre las cuestiones judiciales de último momento y que tienen que ver con el acontecer jurídico del país, las comentaremos brevemente, enseguida:

1.   El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, hace uso del derecho de defensa en causa propia 

La defensa, calificada como material, en causa propia, está permitida en el ordenamiento jurídico colombiano y puede ser ejercida, porque quien enfrenta un proceso judicial en cualquiera de las áreas del derecho, ajustándose plena y cabalmente a las reglas del respectivo diligenciamiento judicial.

El jurista y profesor de derecho Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en su obra Los Fundamentos de la Defensa Penal (Editorial Temis, Bogotá 2.013) plantea tres formas de defensa material que pueden ser utilizadas por quien enfrenta un proceso judicial, que son: defensa mediática, defensa foral y defensa por cabildeo.

La primera, esto es, la defensa mediática, se realiza a través de los medios de comunicación social, ajustándose, en todo caso, a la prudencia y a las necesidades del caso, especialmente cuando el imputado es víctima de alguna campaña de descredito o cuando los medios se muestran hostiles al mismo, particularmente, cuando se trata de una persona famosa y resulta válida este tipo de defensa cuando, por razón de las circunstancias se tiene la razón, ya porque se trate de poner de presente la inocencia de la persona cuestionada o porque no existen, en realidad de verdad, pruebas en su contra, pudiéndose utilizar además para arrojar verdad sobre el caso y evitar, por este medio, que se cometan injusticias.

La segunda, esto es, la defensa foral, se procura a través de convocatoria a foros para hablar del caso o se utiliza cualquier tribuna que se ofrezca, con el mismo propósito, pudiéndose utilizar mensajes electrónicos, misivas conteniendo la argumentación de la defensa, grafitis, carteles, avisos públicos pagados, volantes o cualquier otro medio semejante, todo esto en dirección a crear interés sobre el caso de que se trate en particular y a la búsqueda de información sobre el mismo.

La tercera, esto es, la defensa por cabildeo, se realiza a través de la comunicación de los argumentos a personas influyentes o a entidades significativas nacionales o internacionales que, de una u otra manera, tengan que ver con el caso y puedan influir en su solución, sin que esta labor constituya tráfico de influencias, cohecho o prevaricato, pues, por su naturaleza, pueden intervenir quienes hayan desempeñado o desempeñen cargos públicos o ejerzan actos de control social por su carácter moral o su influencia social.

No cabe duda alguna que el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, ha resultado un extraordinario defensor en causa propia, pues no solamente ha hecho uso de los medios de comunicación, sino también de la tribuna para comunicarse directamente con el pueblo y está acudiendo a los organismos internacionales que deben intervenir en su caso particular en cumplimiento de tratados internacionales suscritos por Colombia y a personas que, por el desempeño de su cargo, tienen marcada y suficiente influencia. Prueba de esto último es su ascenso en las encuestas y el haber obtenido que entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, el Congreso de los Estados Unidos y destacadas personalidad internacionales, así como alcaldes de ciudades capitales de otras naciones, se ocupen de su caso, todo esto sin detrimento de su defensa técnica jurídica a cargo, como es obvio, del equipo jurídico que lo asesora.

2.   Cárcel para los conductores ebrios 

Definitivamente con la sanción de la ley que endurece la pena privativa de la libertad para los conductores ebrios que, en desempeño de la actividad, de suyo peligrosa, de conducir automotores en estado de embriaguez, consumen actos en contra de la vida, la integridad física y bienes materiales de otras personas, queda demostrado que en Colombia se legisla al calor de los acontecimientos en contra o a favor de alguien, según el interés momentáneo del gobierno y de los congresistas, sin reparar en las consecuencias y sin tener en cuenta para nada, como en este caso, la política criminal del Estado.

El gobierno y los congresistas que aprobaron este monumental atentado contra la libertad personal, pasaron por alto que la libertad es la regla general y que la restricción de la misma es la excepción, pero también que la cárcel y la medida de aseguramiento, en particular, no es la solución al problema.

Esta ley es otro plato favorito para los depredadores del Estado con título de abogado o simplemente para los abogados “pirañas”, dado que, como en el caso de las armas de fuego de defensa personal, las licencias para conducir automotores, bien de servicio público o bien de servicio particular, es un monopolio del Estado, que puede reglamentar y debió haberse reglamentado a través del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2.002, reformado y complementado por la Ley 1383 de 2.010), por ejemplo, ampliando las exigencias para obtener la licencia de conducción, exigiéndosele al beneficiario un seguro contra todo riesgo, dependiendo su valor de la categoría de su licencia.

No puede olvidarse que la fabricación, producción, importación y comercialización de armas de fuego de defensa personal y de bebidas embriagantes, son monopolios del Estado y el Estado es el responsable del buen o del mal uso que los usuarios de armas de fuego de defensa personal hagan de estos instrumentos y lo mismo sucede con quieres, por adicción o caso fortuito, hagan uso de bebidas embriagantes.

Habría sido suficiente con que agravar las penas para quienes causen daños a terceros, en sus vidas, integridad física o bienes, mediante el uso de armas de fuego de defensa personal y de la utilización de automotores, respetando el derecho a la libertad de las personas, pues resulta paradójico que mientras se anuncia con bombos y platillos la expedición de un nuevo Código Penitenciario para descongestionar las cárceles, al mismo tiempo, se expida una ley que priva de excarcelación los delitos de homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno consumados mediante la conducción de vehículos automotores.

El remedio en este caso producirá mayores efectos que la enfermedad, pues será el devenir histórico y la aplicación práctica de esta nueva legislación, la que nos dará o no la razón, sin olvidar que en la madrugada de hoy en las propias calles de Bogotá se estrenó esta nueva legislación expedida al amparo del denominado “derecho penal del enemigo” de corte fascista, para colmo y afrenta del derecho penal derivado del Estado Social y Democrático del Derecho que nos enorgullece manifestar que es, ni más ni menos, que el marco jurídico bajo el cual vive Colombia, pues el problema, en últimas, no es de cárcel sino de educación, aun cuando en el Tolima se siga predicando que si el departamento no vende aguardiente, no habrá plata para pagar a los maestros.

Por. Rafael Aguja Sanabria, abogado, docente universitario.

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