Degradante campaña electoral

Aguja

Rafael Aguja.

La campaña electoral para elegir presidente de la república se ha degradado a niveles insospechados con gravísimas consecuencias de todo orden para el país, su institucionalidad, la paz, la tranquilidad ciudadana y, por sobre todo, para la escasa democracia de la que hacemos uso.

En esta campaña electoral no se ha respetado nada, ni la dignidad humana, ni la intimidad de las personas, ni la seguridad jurídica de los ciudadanos, ni la Constitución y, menos aún, la ley y las normas de convivencia social. Tampoco se ha respetado la integridad y funcionalidad de los lazos de consanguinidad y de familiaridad.

Vamos de acusación en acusación, ciertas, inventadas o fingidas, pero acusaciones de todas maneras, como herramienta política para captar incautos y no, propiamente, electores, teniendo de presente que el voto es y será siempre un acto soberano del ciudadano mediante el cual ratifica la institucionalidad del Estado y legitima sus autoridades.

En el preámbulo de la Constitución Política de Colombia se consagra que con la misma se procura asegurar a los colombianos “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz”, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice, a su vez, “un orden político, económico y social justo”. Dicho estatuto, consagra en el art. 95 una serie de deberes sociales, cívicos y políticos que bien podríamos catalogarlos como el decálogo del ciudadano colombiano, entre los que se encuentran los siguientes: (i) el respeto a los derechos ajenos y el no abuso de los propios; (ii) obrar acorde con el principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; (iii) respetar y apoyar a las autoridades legítimamente constituidas; (iv) defender y difundir los derechos humanos, (v) participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; (vi) propender al logro y mantenimiento de la paz; (vii) colaborar en todo sentido para el buen funcionamiento de la administración de justicia; y, (viii) proteger los recursos culturales y naturales y, además, velar por el medio ambiente.

Por eso nos duele que se haya llegado a los extremos que se han puesto de manifiesto con los hechos realizados por el ciudadano Andrés Fernando Sepúlveda Ardila al haber montado una empresa criminal de espionaje, pero más nos duele el actuar bajo, desconsiderado y degradante de “Pachito Santos” al haber salido a la televisión a injuriar a su propio primo hermano, el hoy presidente de la república, impelido por el pecado capital de gula gubernativa.

La política no es otra cosa que la buena y adecuada gestión del Estado llevada a cabo por ciudadanos elegidos libremente mediante el uso del voto universal y secreto como mecanismo para afincar y desarrollar el ideal democrático que se consigna en la Constitución Política, como guía para elegidos y electores, para gobernantes y gobernados y, en general, para todos los que hemos tenido la fortuna de nacer colombianos.