Demandada la curul de ‘Pokemon’

Julián Serna Ruiz. Imagen: tomada de Facebook.

En problemas jurídicos el concejal de Ibagué, Julián Serna.

¿Qué es lo que está pasando, ni el anterior Concejo, tan cuestionado como variopinto, tuvo tantas acciones judiciales en contra de los cabildantes, buscando tumbarlos de las curules ganadas en las urnas legítimamente?

La noticia esta vez corre por cuenta de la curul que ocupa Julián Andrés Serna Ruiz, quien saliera electo con el aval del Movimiento (sic) Autoridades Indígenas de Colombia, más conocido como AICO, con más de 1.400 sufragios en los comicios de octubre.

Semanas atrás, en el mundillo político ibaguereño, se rumoraba de una posible inhabilidad de Serna Ruiz, conocido en su círculo íntimo como ‘Pokemon’ para ser candidato, por lo que la demanda estaba más que cantada desde el mismo momento de su elección.

En efecto, desde hace unas semanas se conoció que en el despacho del magistrado Belisario Beltrán Bastidas, adscrito al Tribunal Administrativo del Tolima, bajo el consecutivo judicial 2019 – 507 se radicó, el pasado 19 de diciembre de 2019, día en que se iniciaba la vacancia judicial, demanda electoral que busca que “se declare la nulidad del acto administrativo proferido por los miembros de la comisión escrutadora de la demandada, designados para los comicios territoriales llevados a cabo en el municipio de Ibagué en el cual se declaró como concejal para el periodo 2020-2023 al señor JULIAN ANDRES SERNA RUIZ (sic)”, según reza en la consulta pública de Procesos de la Rama Judicial, conocida por esta redacción.

Aunque la referida acción electoral va dirigida contra la RegistradurÍa Nacional del Estado Civil, el electo concejal deberá ser vinculado a la acción merced a lo establecido en el artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto del demandante, documentos judiciales muestran que se trata del señor Gustavo Adolfo Calvache Guzmán. De él se conoce que fue copartidario de Serna Ruiz, en el mismo movimiento AICO y quien ocupara el segundo lugar en la lista al Concejo de Ibagué, con 956 votos.

Varias lecturas e interpretaciones se pueden realizar de lo anterior: la primera, sin duda denota una falta de compañerismo de los correligionarios ‘indígenas’ y ‘raizales’ que apoyaron al ingeniero Alberto Girón a la Alcaldía de Ibagué; o una ausencia de comunicación del ganador de la lista con sus compañeros de brega política que, contrario a lo que sucede, debió de llamar a la unidad de los integrantes de su colectividad y no posar de arrogante ganador perdiendo toda la humildad debida en estos casos, pues con los votos de todos es con los que se alcanza la curul.

Segunda interpretación: llama la atención el valor civil de Calvache Guzmán, quien erige la acción a nombre propio y no escudado en terceras personas, como se estila en la clase política local acostumbrada a saludar con risitas de frente y por la espalda a clavar el puñal y a utilizar calanchines y prestanombres, no solo para acciones como estas, sino para esconder bienes, evadir impuestos y ponerle ‘conejo’ a las autoridades civiles, así como al fisco nacional.

Poco se conoce sobre los motivos de la demanda contra Julián Serna (Pokemon), pero se especula que al parecer está afincada en la causal quinta del artículo 274 del Código Contencioso Administrativo que señala como causal de anulación electoral el que se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se encuentren incursas en causales de inhabilidad. Dependiendo de las consecuencias de la declaratoria de nulidad, se sabrá si AICO continúa conservando la misma votación o perderá los votos del demandado lo que reduciría su votación a 5.661 votos con los que no alcanzaría el umbral y se tendría que recomponer el actual Concejo de Ibagué por parte de las autoridades locales.

Según conoció este medio, el electo cabildante fue empleado público hasta bien entrado el año fiscal 2019, como adjunto a la Secretaría de Gobierno de Ibagué, lo que pudo originar la duda en quien demanda, sobre si renunció dentro del término legal para hacerlo, es decir antes del 27 de julio de 2019.

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Valga la pena resaltar que existen varias interpretaciones a este respecto que señalan que los empleados públicos deben de renunciar a sus cargos con seis meses de antelación a la inscripción, otros señalan que son tres meses antes de exteriorizar su voluntad de aspirar al cargo. Será el Tribunal Administrativo del Tolima en primera instancia y la Sección Quinta del Concejo de Estado en segunda instancia, las que resolverán el litigio entre las partes.

La situación para el joven cabildante, de quien se dice, va por su sexto semestre de Derecho y al parecer no ha visto materias de Derecho Electoral, eventualmente se agravaría si se tiene en cuenta que la Ley 1864 de 2017 incorporó al Código Penal Colombiano el delito de Elección Ilícita de Candidatos que reza señala que la persona que se ha elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o fiscal incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de doscientos (200) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Capítulo aparte merece la inusitada avalancha de demandas que se han impetrado en contra de los cabildantes electos, una por el erróneo computo en los guarismos electorales, una por doble militancia, otra por inscribir a un candidato con problemas mentales y está ya reseñada ampliamente, lo que merecerá un análisis posterior.

¿Pokemon es renovación?

Varios sectores afirman que la llegada de Julián Serna al Concejo encarna la ‘renovación’ en los cuadros de la Corporación. Pero realizando una indagación con fuentes de la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha podido establecer que la llegada de este concejal encarna los peores y viejos vicios de la politiquería y del manzanillismo.

A Julián Serna le puso votos la Alcaldía, funcionarios y contratistas (obligados y coaccionados de perder la OPS), vía el abogado Gonzalo Parra, socio político de hace varios años y cuestionado asesor ‘legal’ del exalcalde Jaramillo.

Parra, está siendo investigado por compra de votos y corrupción electoral, derivados de la campaña a Congreso de 2018, donde este ciudadano se presentó como candidato a la Cámara de Representantes.

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La curul de Serna la acabó de apuntalar el exconcejal Oscar Alexander Berbeo, compradre del presidiario Luis H. Rodríguez y socio de Jorge Alexander Pérez, alias el ‘Chatarrero’, quien se robó el dinero del contrato para la adecuación de las piscinas y el Coliseo de la calle 42, en los fallidos Juegos Nacionales del año 2015.

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Con dicha jugada, Berbeo dejó hundir a su socio y lugarteniente de muchos años, el cuestionado exconcejal Ernesto Ortiz, a quien no le alcanzaron los votos en la lista del partido Liberal, en los últimos comicios regionales.

Nota del editor: Este medio buscó la opinión del concejal Julián Serna, antes de la publicación del artículo. Más tarde, el cabildante respondió que deseaba entregar sus opiniones y se le avisó que una editora lo contactaría. En efecto se hizo, pero Serna Ruiz no devolvió los mensajes, ni entregó declaraciones.

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