El alcance constitucional del proceso penal indígena del Cauca

Justicia indígena

La Constitución Política de 1991 creó en el artículo 246 la jurisdicción especial indígena que desarrollaría sus funciones dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no resulten contrarios al orden constitucional y legal vigente y, además, ordenó expresamente que por una ley estatutaria se establecerán “las formas de coordinación” de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Por su parte, la facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia – Seccional de Ibagué tiene en su pensum la cátedra de Regímenes Penales Especiales y de la misma hace parte, precisamente, la jurisdicción especial indígena.

Ahora bien, el proceso penal que se realizó al interior de la comunidad indígena Nasa en el departamento del Cauca, por la muerte violenta y trágica de Manuel Tumiñá y Daniel Coicué, miembros de la misma, ¿es constitucional y, consecuencialmente, legal?

Las opiniones sobre el particular están divididas, entre otras razones, porque hasta el día de hoy no se ha expedido la ley estatutaria que ordena la Constitución Política, pero si aceptamos el criterio de que la misma se puede aplicar directamente, estimamos, entonces, que dicho proceso penal no solamente es constitucional, sino a todas luces, legal y por tanto sus efectos resultan absolutamente incontrovertibles, porque adquirieron categoría de cosa juzgada y están amparados por la doble presunción de legalidad y acierto.

Este proceso penal que culminó con sentencia condenatoria para el ejecutor material de la muerte violenta y trágica de los indígenas y sus cómplices mayores de edad, resulta, gústenos o no, un ejemplo de democracia en la administración de justicia, porque la misma fue administrada directamente por el pueblo, tal como sucedió en la antigua Grecia con el proceso contra Sócrates, descrito por Platón, en el cual resultó condenado a muerte y con el juicio en contra de Orestes por la muerte violenta de su madre, en el cual resultó absuelto, descrito por Esquilo en Las Euménides.

Los indígenas del departamento del Cauca, aglutinados en la comunidad Nasa, nos han dado una lección que tendrá, a no dudarlo, repercusiones a nivel nacional y a nivel internacional, pero lo cierto, lo que resulta evidente e incontrastable, es que el pueblo si puede administrar justicia en forma directa, rápida, independiente y eficaz.

Por lo demás, los estudiantes de derecho de la Universidad Cooperativa – Seccional de Ibagué que culminan estudios de pregrado en este semestre y que tomaron la cátedra de Regímenes Penales Especiales, están habilitados académicamente para tomar parte en la discusión que se acaba de abrir con relación a dicho proceso penal indígena, teniéndose en cuenta que la Fiscalía General de la Nación ya avaló su validez constitucional y legal, mientras que el delegado de la Organización de Naciones Unidas le ha hecho reparos por supuesta violación de derechos y garantías fundamentales dentro del marco, conceptual y jurídico del debido proceso.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.