El control material de los preacuerdos sigue vivo

Rafael Aguja

Rafael Aguja

Así parece indicarlo la decisión que el Juez Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Espinal adoptó dentro del proceso penal que se adelanta contra el joven Carlos Mauricio Lozano Parra por las lesiones, en riña, del también joven Harold Esteban Castro Aroca, en hechos sucedidos el 14 de octubre de 2013 en el balneario “La Caimanera” del municipio de Espinal.

Las lesiones de Castro Aroca fueron calificadas de graves por los dos médicos, tratante y legista, quienes afirmaron, también, que de no haber sido atendido oportunamente, habría muerto.

Entre tanto, Lozano Parra fue capturado y afectado con medida de aseguramiento de privación preventiva de su libertad, a consecuencia de lo cual fue recluido en la cárcel del Guamo bajo la acusación de homicidio agravado en el grado y modalidad de tentativa.

Entre la Fiscalía General de la Nación y Lozano Parra se convino un preacuerdo para responder por las lesiones de Castro Aroca en calidad de cómplice del delito imputado.

El estudio para la aprobación de dicho preacuerdo le correspondió al Juez Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Espinal, quien luego de comprobar que el mismo era formalmente legal, pero que, desde el punto de vista material, afectaba derechos fundamentales de Lozano Parra, por lo cual se abstuvo de impartirle legalidad, conforme al inciso cuarto del art. 351 del Código de Procedimiento Penal, dado que el delito que realmente, según su criterio, se tipificaba no pasaba de ser más que el de lesiones personales y no el de homicidio agravado en el grado y modalidad de tentativa porque el acusado jamás actuó con intención de matar, decisión que no fue recurrida por ninguna de las partes.

Esto indica que, en la práctica, los preacuerdos convenidos entre la Fiscalía y los acusados, aún en estos momentos, pese a los aportes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, pueden ser cuestionados por el juez de conocimiento, cuando quiera que con el mismo se “desconozcan o quebranten las garantías fundamentales” de las partes comprometidas como autores o víctimas con la conducta punible consumada.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.