El fiasco de la Fiscalía contra Barreto

Barreto y varios de sus seguidores en Bogotá

Barreto y varios de sus seguidores en Bogotá

Análisis jurídico del proceso penal del gobernador.

La “imputación” de cargos contra el doctor Oscar Barreto Quiroga, gobernador del departamento del Tolima, que se llevó a cabo en audiencia presidida por un magistrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no pasó de ser más que otro fiasco de la Fiscalía General de la Nación, de lo cual, como es obvio, se derivan consecuencias jurídicas de distinto orden.

Recordemos que en la primera parte de dicha audiencia el magistrado que la presidía, recriminó reiteradamente al fiscal, por su falta de preparación de la misma y la suspendió para continuarla ocho días después, la cual culminó, como todos lo sabemos, por informaciones de prensa, el pasado martes siete de marzo de los corrientes.

En efecto, conforme al ordenamiento procesal penal vigente, contenido en la Ley 906 de 2004, y, específicamente, en lo dispuesto en el art. 287 de esta normatividad, el fiscal, independientemente de quien sea la persona convocada en calidad de imputado y de qué delitos o delitos se trate, con fundamento en los elementos materiales probatorios puestos a su disposición, de la evidencia física y de la información legalmente recaudada, así como de la inferencia razonable acerca de que el convocado es autor o partícipe de los hechos investigados y calificados como delictivos, podrá formular la correspondiente imputación y, como consecuencia, solicitar medida de aseguramiento si esta determinación resulta procedente.

Si bien es cierto que, en desarrollo del proceso penal, corresponde al fiscal acusar, no es menos cierto que lo debe hacer dentro del marco constitucional y legal, pues no se puede obrar por fuera del ordenamiento jurídico, entre otras razones porque su función es quebrar la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano colombiano, bien que sea imputado, o acusado.

En el caso concreto del gobernador, el fiscal pasó por alto lo dispuesto en el art. 29 de la Constitución Política y en el art. 7 del Código de Procedimiento Penal sobre la presunción de inocencia y sobre los demás derechos y garantías procesales, actuar este que lo llevó a que se le violara al citado funcionario público, cuando menos, su buen nombre, ocasionándosele daño antijurídico a la luz de lo dispuesto en el art. 90 del estatuto superior citado.

En todo caso, el fiscal al formular imputación y al solicitar medida de aseguramiento contra el gobernador del Tolima, sin soporte fáctico y probatorio, actuó contrariando el ordenamiento jurídico y no tuvo en cuenta lo consignado en un texto publicado en el año 2006 y reimpreso en el año 2008, por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” del Consejo Superior del Judicatura y la Universidad Nacional, titulado Técnicas de las audiencias en el sistema penal colombiano del cual es autor el doctor Orlando Enrique Puentes, en el que se dice que la Fiscalía “dentro del ámbito del proceso es otro guardián de la legalidad, pues imputa y acusa por comportamientos que tienen alta probabilidad de ser contrarios al ordenamiento legal” y agrega que, sin embargo, “debe cuidad de que la actuación no sea irregular, pues resulta contradictorio que para velar el orden lo haga procurando violaciones al sistema jurídico como tal”, concluyendo que si “la apuesta es la de legalidad no puede jugar con el código opuesto: el de la ilegalidad”, dado que sus “actuaciones no pueden ser una contradicción performativa”, y es desde esta perspectiva, “que debe juzgarse la actuación e intervención en el proceso por parte”, del ente acusador (página 28).

En conclusión, por haber obrado el fiscal en el caso concreto del gobernador del Tolima, sin el cumplimiento pleno y cabal del art. 287 del Código de Procedimiento Penal, esta situación no pasó de ser más que un fiasco, pero no por ello deja de producir efectos jurídicos, entre otros, el quebrantamiento de su buen nombre por el daño antijurídico ocasionado, lo cual se suma a la cantidad de sentencias que se han proferido por parte de la jurisdicción contencioso administrativa contra la Fiscalía General de la Nación, haciéndola aparecer, hoy en día, como la agencia del Estado colombiano más demandada y más condenada, por actuaciones como la llevada a cabo en este caso, lo cual ha llevado a que todos los colombianos, a través del erario público, resultemos pagando las consecuencias de actuaciones como esta.

Le asistió plena razón al magistrado que presidió la audiencia para haber rechazado la formulación de imputación en contra del gobernador y de haberse abstenido, como era su deber, de proferirle medida de aseguramiento por hechos, supuestamente delictivos, que jamás existieron y de los cuales no fue ni autor ni partícipe.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.

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