El fuero penal militar del Centro Democrático

Álvaro Uribe, junto a senadoras del Centro Democrático

Álvaro Uribe, junto a senadoras del Centro Democrático

Análisis. El fuero penal militar hace parte integral de la Constitución Política de 1.991 y está consignado, igualmente, en los Códigos Penales Militares contenidos, respectivamente, en las leyes 522 de 1.999 y 1407 de 2.010, de donde se desprende que está vigente y siempre lo ha estado y que se ha aplicado, cuando quiera que ha sido necesario, acorde con el ordenamiento jurídico vigente.

En el artículo 221 de la Constitución Política aparece el fuero penal militar establecido con el siguiente texto: “De los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares,…”. Por su parte el Código Penal Militar contenido en la Ley 1407 de 2.010 en proceso de implementación, porque desarrolla el sistema penal acusatorio al interior de las fuerzas militares y de la policía militar, expresa en el art. 1 que “De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo, conocerán las cortes marciales o tribunales militares,…”, entidades que tendrán en cuenta las disposiciones de esta codificación y que se integrarán “por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro”.

El fuero penal militar se aplica hoy en día, acorde con lo dispuesto en la Constitución Política y en la codificación penal militar, a los militares y policías hasta el grado de coronel y el equivalente a este grado en la armada nacional, cuando quiera que se les acuse y juzgue por delitos relacionados exclusivamente con el servicio y por causa y ocasión del mismo, quedando excluidos, como es obvio, los delitos comunes, aun en casos de conexidad.

No se aplica la jurisdicción penal militar a los generales y almirantes, cualquiera sean sus grados porque tienen fuero constitucional conforme está establecido en la última parte del numeral 4 del art. 235 de la Constitución Política, en cuanto se establece que serán juzgados por la Corte Suprema de Justicia, previa acusación “del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia”.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta la estructura funcional de la jurisdicción penal militar que, ascendentemente, conforme con la Ley 522 de 1.999, que es la que se aplica en la actualidad, es la siguiente: juez de instrucción penal militar, que se encarga de la investigación; fiscal penal militar, que califica el mérito de los hechos investigados y profiere resolución de acusación o de preclusión; juez penal militar de primera instancia, que juzga mediante el sistema de corte marcial; tribunal superior militar, que tramita la segunda instancia de las decisiones adoptadas por los juzgados de instrucción penal militar y de primera instancia; y, Corte Suprema de Justicia, que conoce del recurso extraordinario de casación y de la acción de revisión. Por su parte, la estructura de la jurisdicción penal militar, conforme está prevista en la Ley 1407 de 2.010, es la siguiente: fiscal penal militar, que investiga y acusa; juez penal militar de garantías, que tramita lo relacionado con la imputación y las medidas cautelares; juez penal militar de primera instancia, que tramita, mediante corte marcial, el juzgamiento, en caso de acusación formal; tribunal superior militar, que tramita la segunda instancia de las decisiones de los jueces de garantías y de primera instancia; y, Corte Suprema de Justicia que conoce del recurso extraordinario de casación y de la acción de revisión.

Lo anterior significa que la jurisdicción penal militar no es una rueda suelta y que, de alguna manera, nunca la ha sido, porque su actuación debe estar ajustada a lo dispuesto en los artículos. 228, 229 y 230, cuando menos, de la Constitución Política.

Ahora bien el partido Centro Democrático acaba de presentar un proyecto de acto legislativo procurando la creación de una especie de tribunal especial de revisión, con facultades omnímodas, para que en decisiones de única instancia, revise las actuaciones judiciales de la jurisdicción penal ordinaria en los distintos procesos penales que se han adelantado contra militares y policías que han resultado implicados especialmente en los procesos penales originados en los denominados, neologísticamente, “falsos positivos”, propuesta que nos parece extremadamente grave porque se parte de dos presupuestos sofísticos, que se materializan en la desinstitucionalización de la estructura judicial del país que, hace parte, indiscutiblemente, de la rama judicial del poder público y de que en tales procesos se prevaricó, simplemente, porque los implicados eran integrantes de la fuerza pública en servicio activo, pasando por alto que los conflictos de competencia que se pudieron haber presentado o que se presentaron entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción penal militar, para su solución, estaban asignados a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, si se trata de establecer si los procesos contra personal militar y policial derivados del accionar institucional de las fuerzas regulares del Estado en desarrollo del conflicto armado interno, se ajustaron o no a lo dispuesto por la Constitución Política, bien podría pensarse en crear, por tiempo limitado, una comisión de verificación al más alto nivel, integrada, por ejemplo, por un exmagistrado del tribunal superior militar, un exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, un exprocurador judicial que haya actuado ante la jurisdicción penal militar y un exfiscal penal militar, por ejemplo, pero con la precisa misión de dar recomendaciones en casos específicos, tal como lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo lo cual podría enmarcarse dentro de la ahora denominada “justicia transicional”, dado que paulatinamente se ha reconocido que en desarrollo del conflicto armado interno, también han intervenido “agentes del Estado”, como actores.

Vale la pena recordar, que muchos procesos ya fallados, que se adelantaron contra personal militar y policial por la jurisdicción penal militar, han sido objeto de revisión por la Corte Suprema de Justicia, por recomendación, precisamente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o para dar cumplimiento a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por demandas de revisión presentadas y fundamentadas por el Procurador General de la Nación, situación que puede ser ratificada por quien en la actualidad desempeña ese alto cargo del Estado, para evitar suspicacias.

En todo caso, el debate apenas comienza y esperamos que culmine en las mejores circunstancias para cimentar la paz, la democracia y la tranquilidad para todos los colombianos y que no se convierta la discusión de esta iniciativa, en pretexto para que, de un lado, se busque revivir el historial delictivo de quienes, autodesignándose “refundadores del país”, cometieron atrocidades y, de otro lado, en enjuiciamiento de quienes procurando crear un Estado de nuevo estilo, también las cometieron.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.