El proceso de paz sigue adelante

Paz en Colombia

El proceso de paz en Colombia, nuestra patria, sigue adelante superando obstáculos de toda naturaleza, siendo el jurídico constitucional, posiblemente, el más difícil y el más determinante, pues aun hoy, este obstáculo está presente y produce efectos, algunos no queridos y deseados, de corto y largo alcance, cuya solución nos corresponde a todos, independientemente de concepciones políticas y de posiciones en el conglomerado social.

Esta situación se ha presentado, lo confirmarán en su momento los historiadores del conflicto armado interno, porque desde siempre se legisló para enfrentar situaciones de “orden público”, unas veces en derecho y otras veces de hecho, tipificando nuevos delitos, aumentando penas, construyendo nuevas cárceles y, hasta “militarizando” la justicia, como sucedió hasta marzo de 1987. Pero, no se legisló, por las razones que sean, para la paz, porque se creyó, posiblemente de manera ingenua, que con darle funciones constitucionales al presidente de la república sobre la paz y el orden público, era suficiente, sin tener en cuenta que las circunstancias nacionales e internacionales cambiaron y siguen cambiando aceleradamente.

Se llegó a la conclusión, tardíamente, de que la época de las “guerras de liberación” que nacieron en África y Asia a la terminación de la Segunda Guerra Mundial y resultaban necesarias para los países de estos continentes, no son, hoy en día, necesarias en los países de América Latina, incluido Colombia, tal vez por ello no se legisló para la paz, pero si para enfrentar los movimientos insurgentes, armados desde luego, como reacción a la política de los Estados Unidos, a partir del segundo quinquenio de los años 40, al amparo de la “guerra fría”, el “macartismo” y la “doctrina de la seguridad nacional”.

Resulta necesario, como referencia histórica, tener en cuenta que en desarrollo de las decisiones adoptadas en la Conferencia Panamericana que se realizó en Bogotá, coetánea a la muerte trágica y lamentable de Jorge Eliécer Gaitán, caudillo liberal y candidato a la presidencia de la república, se hubieran tomado decisiones que facilitaron posteriormente que, durante el gobierno del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, se hubieran expedido el Acto Legislativo No. 6 de 1954 “Por el cual se decreta la prohibición del comunismo internacional” y, reglamentado luego, con el Decreto 434 de 1956, mediante el cual se criminalizaron las “actividades políticas de índole comunista, incurrirá en presidio de uno a cinco años o en relegación a Colonia Agrícola Penal por igual término; en interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años; en incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo, y quedará impedido absolutamente para pertenecer en el futuro a las Fuerzas Armadas. Si se tratare de un miembro de ellas, la sanción se aumentará al doble y se impondrá, además, la degradación pública” y, además, “a quien se aplique una de estas sanciones no tendrá derecho a ninguna de las rebajas de pena concedidas en disposiciones anteriores, y si fuere extranjero, será expulsado del territorio nacional, una vez cumplida la condena” (¡qué vergüenza!).

Ahora bien, si en Cuba triunfó la revolución armada en 1959, antes habían fracasado los intentos revolucionarios en Guatemala y en ningún otro país de América Latina, incluido nosotros, la insurgencia armada tuvo reales posibilidades de haber llegado al poder, como ahora se está reconociendo, en cuanto que la guerra, así sea de carácter insurgente, desde todo punto de vista objetivo resulta innecesario.

Posiblemente, con base en lo anterior, jamás nos preparamos jurídica y constitucionalmente para la desmovilización pacífica de los distintos estamentos de la insurgencia armada, política y militar y esto ha dificultado que se ponga en marcha, de manera total y definitiva, el Acto Legislativo No. 01 de 2012 (julio 31), mediante el cual se adoptó el “marco jurídico para la paz”.

Ahora, con los avances del proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc, han quedado al descubierto la crueldad de la guerra, lo desastroso de sus efectos, los daños al medio ambiente, el descuido de nuestras riquezas naturales, lo inoficioso de algunas instituciones, el enriquecimiento de algunos sectores, el estigma de que se nos siga considerando un “país coquero” y el desplazamiento de amplios sectores de población, hasta el punto de ser considerados el segundo país sobre la tierra con mayor población desplazada y la permanencia de la intolerancia y del espíritu de retaliación.

La aclimatación del proceso de paz no ha resultado fácil, pero lo más importante es que a tiempo nos dimos cuenta de la inutilidad de la guerra y de su extrema crueldad, lo que nos lleva a tener en cuenta que, definitivamente, la paz es y seguirá siendo una necesidad apremiante para todos nosotros, para el bienestar de la patria y para saldar consensuadamente cuentas y cicatrizar heridas.

Por tanto no es hora de desfallecer en procura de la paz estable y duradera a que se refiere el acuerdo de paz convenido entre el gobierno y las Farc, situación que se hace extensiva a quienes, desde posturas ideológicas diferentes, persisten en prolongar la tragedia nacional del conflicto armado interno, que a nadie beneficia, pero que si nos perjudica globalmente a todos.

Sigamos luchando por la paz con entusiasmo y patriotismo.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.

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