El proyecto que deja Alfonso Gómez Méndez para reformar la justicia

Alfonso Gómez Méndez

Alfonso Gómez Méndez

El saliente Minjusticia plantea soluciones definitivas a varios de los grandes problemas del sector.

Orden a la tutela, fin de la llamada ‘puerta giratoria’, no a la reelección de jefes de organismos de control y cambios en su postulación y elección son algunos de los puntos clave de la propuesta de reforma de la justicia que el saliente ministro de esa cartera, Alfonso Gómez Méndez, deja como herencia para la nueva administración del recién designado Yesid Reyes.

La propuesta, diseñada con la comisión asesora convocada por Gómez Méndez, señala que tiene como objeto “acercar a la justicia” y “despolitizar” la Rama Judicial. Aunque el Gobierno no ha decidido el futuro de esta iniciativa, incluye salidas definitivas a los graves problemas del sector.

Una de ellas está dirigida a ponerle orden a la tutela. Para eso, plantea crear cargos para jueces y magistrados especializados que fallen exclusivamente esos recursos de amparo. “Harán parte de la jurisdicción constitucional y serán distribuidos en todo el país”, se lee en el proyecto. Agrega que los jueces que conozcan los casos deberán, antes de dictar sentencia, resolver “los asuntos relativos a una posible vulneración de los derechos fundamentales”. De omitirse este paso, implicaría nulidad de la sentencia.

Ratifica que este recurso no procede contra sentencias de tutela de constitucionalidad dictadas por la Corte Constitucional, ni contra fallos de nulidad por constitucionalidad dictadas por el Consejo de Estado.

En caso de tutelas ante las altas cortes, dice que serán tramitadas por una sala o sección diferente a la que emitió el primer fallo y éste será remitido a la Corte Constitucional para que sea eventualmente revisado. Si es seleccionado, deberá resolverse en Sala Plena.

También señala que el recurso deberá ser interpuesto por un abogado, que se deberá resolver en máximo 10 días y que las tutelas contra sentencias no se podrán instaurar pasados cuatro meses del fallo.

Frente a la despolitización de la Rama, plantea cambiar la elección de magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y del Tribunal Disciplinario –que reemplazaría a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que se propone eliminar–. El proceso sería por “concurso público de méritos adelantado por cada corporación”. Hoy, las listas de elegibles las elabora la Sala Administrativa de la Judicatura.

Eso no regirá para la elección en la Corte Constitucional, que se mantendría como está. Argumenta que “esa alta Corte merece su origen político por parte del Senado y postulación en la cual participen el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado”.

El Ministerio considera que es necesario romper los modelos de postulación y elección de los jefes de organismos de control. El Procurador sería elegido por el Senado de una terna enviada por la Presidencia, el Fiscal saldría de una lista (con seis nombres) enviada por la Corte Suprema a la Presidencia, y la postulación y elección del Contralor sería de total competencia de la Cámara de Representantes.

Fin a la puerta giratoria

El proyecto del ministro Gómez Méndez dice que busca acabar con la práctica de pasar de una corte a otra. En la iniciativa queda claro que no podrán ser elegidos como magistrados de altas cortes quienes ya hayan pertenecido a alguna de estas corporaciones. Sin embargo, para conformar el nuevo Tribunal Disciplinario se podrían admitir a exmagistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema o del Consejo de Estado.

Se acabaría la Judicatura

Plantea desaparecer la Judicatura y crear dos organismos: el Tribunal Disciplinario (conformado por 9 magistrados) y la Junta de Gestión de la Administración Judicial. De ésta harían parte delegados de cada una de las cortes, y entre sus funciones estaría tomar medidas de descongestión e implementar la tecnología, entre otros. El Tribunal Disciplinario asumirá las investigaciones disciplinarias a magistrados.

Comisión de Aforados

La Comisión de Acusaciones se transformaría en la Comisión para Aforados Constitucionales que, al igual que el actual organismo judicial, estaría integrada por representantes a la Cámara. Se endurecerán las condiciones para llegar allí. Además, el Senado podrá conocer de las acusaciones en materia penal contra el presidente, el fiscal o los magistrados de las altas cortes, cuyos casos sean llevados por la Cámara.

Doble instancia

La suspensión de las funciones de los congresistas y la pérdida de investidura, que es la máxima pena que impone el Consejo de Estado a los parlamentarios, tendrán doble instancia. El proyecto de ley plantea que este trámite podrá tardarse como máximo cuarenta días “contados a partir de la fecha de la solicitud”, lo cual evitaría que el estudio de esos fallos se prolongue incluso hasta que el parlamentario termine su periodo.

Con información de: El Tiempo.