Emergencia carcelaria

Aguja

La emergencia carcelaria que acaba de decretar el Gobierno Nacional, será, por decir lo menos, una nueva frustración jurídica, social y política para el pueblo, porque su único propósito, según el director general del Inpec, es la construcción de más cárceles con el objeto exclusivo de “aumentar” los cupos de reclusión para albergar a quienes, por las causas que sean, verán en lo sucesivo restringido judicialmente su derecho a la libertad personal.

De soluciones, respecto del sistema carcelario por aplicación de los parámetros para el cumplimiento de las medidas preventivas de limitación al derecho de libertad personal y de cumplimiento de la pena, en cuanto procedimientos de rehabilitación, resocialización, reinserción social, salud, rebaja de pena por trabajo y estudio, absolutamente nada.

Para el gobierno, resulta más importante la contratación administrativa para contratar a dedo (directamente) nuevas cárceles, que resolver las causas que originaron el actual hacinamiento carcelario, siendo algunas de ellas, la persistente violación de los derechos humanos en desarrollo del proceso penal, el abuso de la detención preventiva y los obstáculos, de todo orden, para la recuperación de la libertad personal, sin que le importe un comino la resocialización de quienes han sido condenados.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.

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