Enseñanzas del caso Petro

aguja Sanabria

Rafael Aguja Sanabria

Muchas enseñanzas, no propiamente gratas, nos deja el “caso Petro”, derivadas de su planteamiento, de su tratamiento procedimental ante las distintas instancia que conocieron del mismo y, finalmente, de la solución jurídica que se le dio, independiente de la matrícula ideológica, política y social de cada quien.

Nos interesa, fundamentalmente, destacar dos de tales enseñanzas que, a nuestro juicio, son trascendentales. La primera, ¿si en realidad de verdad, en el “caso Petro” se violó, conjuntamente, por el Procurador General de la Nación y el Presidente de la República la Constitución Política?; y, la segunda, ¿si resulta cierta la justificación oficial que en el “caso Petro” se impuso el respeto y el acatamiento de la “legislación jurídica nacional”, convalidante de la “institucionalidad” del Estado colombiano?

Respecto de la primera, es del caso anotar: a) que la Constitución Política establece que la soberanía reside “exclusivamente en el pueblo” del cual emana el poder público (art. 3); b) que Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1); c) que las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (art. 2); y, d) que para los servidores públicos es obligatorio cumplir con la Constitución y las leyes, siendo responsables “por omisión o extralimitación” de sus funciones.

Respecto de la segunda, es preciso que se tenga en cuenta que la Constitución Política no solamente está integrada por las normas que hacen parte de la misma, sino también por los tratados internacionales que consagran derechos humanos y por las leyes orgánicas y estatutarias, todo lo cual se denomina hoy, conforme a la conceptualización de la Corte Constitucional, “bloque de constitucionalidad”, acorde con lo dispuesto, entre otras, en las Sentencias C-191 y SU-640 de 1.998 y C-067 de 2.003.

De todo lo anterior se desprende que, por no haberse dado aplicación y cumplimiento al art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida, también, como Pacto de San José, aprobada por el Congreso de la República por la Ley 16 de 1.972, en cuanto que los derechos fundamentales de los ciudadanos no pueden ser desconocidos por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, sino mediante sentencia proferida en proceso penal, por juez competente, entre los cuales se enuncian, taxativamente, los derechos de elegir y ser elegido por sufragio universal que garantice la libre voluntad del elector y de acceso, en condiciones de igualdad, “a las funciones públicas” de todo ciudadano.

No cabe duda, entonces, que en situación de convergencia circunstancial, tanto el Procurador General de la Nación como el Presidente de la República, en el “caso Petro”, violaron la Constitución Política de Colombia y ésta violación flagrante, escueta y pública de la Carta Magna que nos rige es un mal precedente, una augurio siniestro y un acto envilecedor de la “institucionalidad del Estado” y de la “legislación nacional”, reclamada por tales altos funcionarios, lo cual, de una u otra manera constituye un mal ejemplo y un adecuado y pésimo mensaje para el pueblo colombiano, porque se nos está indicando que en el ejercicio del poder, al estilo maquiavélico, todo vale, incluyendo, como justificación, las “razones de estado”.

Esto nos lleva a exhortar al pueblo de Colombia para que haga uso de la soberanía nacional, que es de su exclusiva competencia, y del voto universal, personal, independiente y soberano, en las próximas elecciones presidenciales, pero no por funcionarios, por más dignidades que ostenten, que hayan violado la Constitución Política, como sucedió con el “caso Petro” y que hayan hecho ostentación de que, en desempeño de sus funciones, pasaron por encima de mandatos jurídicos superiores y que, posiblemente, no se detengan para volver a violar nuestra Carta Magna, frente a lo cual debemos enfrentar la situación con responsabilidad y dignidad, haciendo uso del mandato del art. 95-5 superior en cuanto señala que es nuestro deber participar “en la vida política, cívica y comunitaria de nuestro país” como mecanismo para desterrar los vicios que carcomen hoy en día la institucionalidad colombiana y para erradicar el enunciado del difunto escritor satírico Álvaro Salom Becerra cuando dijo que “al pueblo nunca le toca”.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.