Enterrado proyecto de Fotomultas al ser anulado por el Tribunal

Fotomultas

La pretensión del alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, de implementar las Fotomultas contra las infracciones de tránsito, se fue al piso tras una decisión trascendental del Tribunal Administrativo del Tolima.

El Tribunal declaró nulo el Acuerdo 011 aprobado por el Concejo que le daba facultades al Alcalde para imponer este sistema mediante una Alianza Público Privada (APP).

Según el Tribunal, la Alcaldía carece de una fuente de financiamiento legal para pagarle a la APP las obligaciones económicas del contrato de las Fotomultas.

También consideró que el mandatario no puede comprometer las vigencias futuras a 20 años.

El concejal Camilo Delgado, que votó en contra el proyecto, aseguró que a todas luces el Acuerdo estaba revestido de ilegalidad y dijo que la estrategia financiera no era coherente.

“Aquí se tuvo en cuenta la facultad por 20 años para comprometer vigencias futuras, es decir, que se pretendía comprometer el presupuesto de los 5 alcaldes siguientes de la ciudad, y eso a todas luces carece de legalidad”, señaló Delgado.

Dijo que al proyecto le faltó planeación y argumentación, “y los estudios técnicos estaban mal elaborados, estaban llenos de falencias y vacíos”.

Delgado hizo un llamado a la reflexión del gobierno municipal en temas que son de vital importancia para la vida del municipio y dijo que “nadie puede comprometer a 20 años el presupuesto de un municipio o ciudad”.

El concejal Pedro Mora, quien votó positivo, señaló que desde un comienzo la ciudad no aceptó este proyecto de las Fotomultas.

Dijo que el porcentaje 40-60 donde la mayor cantidad de ingresos iban para la APP, “no cuadraban”.

“Yo voté negativo esos porcentajes que para nada favorecían las finanzas del municipio”, dijo Mora.

El concejal Humberto Quintero, férreo opositor del proyecto de Acuerdo, dijo que el Tribunal hizo justicia y señaló que se trataba de “un proyecto dañino para la Alcaldía y los conductores”.

“Era dañino porque pretendía entregar el 60 por ciento al operador privado en desventaja de las finanzas del municipio que solo recibirían el 40 por ciento, y porque amarraba las vigencias futuras a 20 años”, señaló Quintero.

Al conocer la sentencia del Tribunal, el alcalde Rodríguez solo atinó a decir que “yo ya había decidido no seguir adelante con ese proyecto”.