Facultades del Procurador

aguja Sanabria

Rafael Aguja

El artículo 277, numeral 6, de la Constitución Política de 1991, es claro, terminante, concreto y preciso al establecer que el Procurador General de la Nación, en desempeño de sus funciones constitucionales y legales, por sí o por intermedio de delegados y agentes, podrá ejercer “vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”.

Las funciones del Procurador General de la Nación respecto de los funcionarios de elección popular no van más allá de las de simple vigilancia de sus actos, en cuanto esta función se circunscribe a observar que los mismos cumplan cabal y plenamente con sus deberes, funciones y atribuciones propias del cargo para el cual fueron elegidos, sobre lo cual no hay y no podrá haber discusión de ninguna naturaleza, dada la demarcación que la norma superior citada establece y que, desde luego debe ser observada, ya que cualquier actuación más allá de lo señalado, constituye un desborde funcional que, inclusive, puede llegar a ser delictivo.

Además, el inciso sexto del art. 323 de la Constitución Política, reformado, sucesivamente, por el art. 5 del Acto Legislativo No. 02 de 2002 y por el art. 1 del Acto Legislativo No. 03 de 2007, dispone que: “en los casos taxativos señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor”, del distrito especial de Bogotá, porque dicha norma constitucional de manera exclusiva a este ente territorial.

Como si lo anterior fuera poco, en el caso particular del alcalde Gustavo Petro Urrego, el Procurador General de la Nación violó el numeral 2 del art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972), en cuanto reglamenta que los derechos políticos, entre otros, el de elegir y ser elegido y el acceso, en condiciones de igualdad al ejercicio de funciones públicas, solamente pueden ser suspendidos por condena proferida en sentencia judicial por juez competente.

Ahora bien, en caso de contradicción entre dos normas constitucionales o entre una norma constitucional y una norma legal, la Constitución establece como solución el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, la cual hasta el momento, en el caso del alcalde Petro no se ha ejercido, lo cual puede llevar, inclusive, a que el propio presidente de la república la invoque, por si o la aplique a petición de parte, si consideran que la decisión del Procurador General de la Nación contraría a la Constitución Política, y a normas del bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana de Derechos Humanos.

No estamos en un limbo jurídico, sino en un simple caso de interpretación jurídica y de desbordamiento de funciones por parte de quien debe vigilar, precisamente, por mandato superior el cumplimiento de la Constitución y de la ley.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.

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