Feria de contratos irregulares halló la Contraloría en el Imdri

Contraloría Municipal / Foto: CambioIn

Se cuestiona gestión de funcionarios del gobierno municipal.

46 hallazgos administrativos, 15 con presunta incidencia disciplinaria, tres fiscales y tres penales, fue el resultado arrojado por la auditoria regular vigencia 2018, efectuada por la Contraloría del municipio, al Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de Ibagué – Imdri.

En el informe final, el grupo auditor del ente fiscalizador, logró demostrar la irregularidad de tipo penal, administrativo y disciplinario en que incurrió la gerente del instituto descentralizado Diana Ximena Cepeda, por el presunto incumplimiento en el contrato 128 de 2018 celebrado con el Club Deportes Tolima, ya que según lo acordado, el último día hábil de cada mes se debía cancelar el valor correspondiente a las estampillas pro anciano, y pro cultura, en proporción al valor mensual del servicio del uso del escenario, como también a 31 de diciembre de 2018, el Club Deportes Tolima registró un saldo de $210.627.953. Por lo anterior, se habría registrado presunto incumplimiento a la cláusula vigésima octava, y cláusula cuarta del contrato.

Además, el contrato en mención, presenta el acta modificatoria No.2 referente a la cláusula Cuarta, donde hace referencia a la forma de pago y sus parágrafos que dicen: “(…) aceptar como pago anticipado y en especie de la tarifa de aprovechamiento económico correspondiente al 6 % del valor total de las boletas vendidas, y en cada partido de fútbol se debitará el 6 % hasta llegar a $84.480.200, valor del estudio y diseño. (…)”. En virtud de lo anterior el Club Deportes Tolima S.A. entregaría los estudios y diseños técnicos para el mejoramiento del sistema eléctrico y/o iluminación del Estadio Manuel Murillo Toro, los cuales debían ser debidamente aceptados, avalados y certificados por Infibagué, según convenio realizado entre el Imdri e Infibagué.

Por lo anterior, se registró una posible desnaturalización del objeto contractual, además, para ese procedimiento se debería haber adelantado un concurso de méritos, y la labor se asignó al contratista Club Deportes Tolima que no sería competente, por lo que habría una presunta falta de planeación y una aparente vulneración a los principio de la contratación pública, entre ellos transparencia y objetividad, como también la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, capítulo tercero – Planeación del Acuerdo 01 de mayo de 2015, Manual de Contratación Imdri.

Otro de los convenios que tienen enredada a la administración de Jaramillo, según la Contraloría de Ibagué, el cual esta investigado por la Fiscalía, está relacionado con el pago que hizo el Imdri a Ibagué Limpia, por valor de $115.000.001 en abril de 2018, por la rocería y desmonte de 33 hectáreas en el Parque Deportivo. Aquí, los investigadores evidenciaron que no se efectuó la contratación del convenio, pero si se legalizó posterior a la realización de las actividades.

El tercer hallazgo de tipo penal, se descubrió luego de una denuncia hecha por un ciudadano, quien dejó al descubierto las anomalías que rodearon el contrato de prestación de servicios 229 de noviembre de 2015, entre el Imdri y Villalon Entretenimiento S.A.S, para servicios de apoyo logístico en el evento de apertura e inauguración de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales, y la clausura de los Paranacionales, la cual se cumplió por contratación directa equivalente a $1.231.877.080, pero al parecer el contrato debía ser otorgado a través de licitación pública. Los soportes aportados por el contratista Villalon Entretenimiento S.A.S., respecto a varios items presuntamente contienen valores superiores a los incluidos en la propuesta económica presentada, y algunos fueron expedidos en fechas anteriores al acta de inicio, encontrándose un presunto hallazgo fiscal por la sobrevaloración en lo pagado con relación a lo soportado que asciende a $280.290.090.

En el documento dado a conocer por Ariel Augusto Medina, jefe del ente de control de Ibagué, se indicó que la entidad estatal, dio inicio a un proceso de licitación pública para los contratos 280 y 276 de 2018 sin que las Curadurías Urbanas hubiesen expedido las resoluciones de las licencias de construcción las cuales estaban en trámite, conociéndose que: el contrato 280 de 2018 suscrito por el Imdri para la “Construcción y adecuación del complejo de piscinas de la calle 42 de Ibagué”, dio apertura al proceso de selección el 9 de septiembre de 2018, pero la Curaduría Urbana No.1, a través de la resolución 73001-1-18-0492 de noviembre 13 del 2018, y la resolución 73001-1-19-0081 de febrero 13 del 2019.

Con relación al contrato 276 de 2018 para la construcción de Estadio de Fútbol en el Parque Deportivo, se dio apertura al proceso de licitación pública el 25 de septiembre de 2018, pero la Curaduría Urbana No.2, emitió las licencias de construcción en la resolución 10-0610 de octubre 16 de 2018, para el escenario deportivo.

Imagen: suministrada

Para el Contrato 156 de 2018, se evidenció que en el expediente no reposan las estampillas de pro anciano, lo cual es obligatorio adherir y anular la estampilla física de los contratos, y su incumplimiento podría generar sanciones, además un presunto detrimento fiscal por $7.777.224, de igual forma se perfeccionó y ejecutó el contrato sin el cumplimiento del parágrafo tercero de la cláusula vigésima del contrato y lo contemplado en el Acuerdo Municipal 003 de 2011 del Concejo de Ibagué.

También en el mismo convenio se descubrió que habría una presunta falta de planeación al incluir el acta de modificación No.1 del objeto del contrato, para el cerramiento perimetral en el Parque Deportivo, antes del acta de inicio, pese que ya se había adelantado el proceso de licitación con los respectivos estudios previos.

Durante una visita a las obras de la calle 42, se evidenció la caída del enchape de la Piscina Olímpica, esto ante presuntas irregularidades en el Contrato 074 de 2015 por el Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015, por lo que se halló un presunto incumplimiento en la calidad de obra, afectando el principio de economía, lo que estaría generando un presunto detrimento fiscal de $726.115.038,77.

De otro lado, en el contrato 28 de 2018 el registro presupuestal se habría elaborado posterior al acta de inicio.

El Contrato de obra 255 de 2018 relacionado al Estadio Manuel Murillo Toro y su interventoría a través del Contrato 257 de 2018, se habrían suscrito sin solicitar la autorización de vigencias futuras ordinarias.

Otro hallazgo hace referencia al Contrato 301 que se suscribió el 19 de diciembre de 2018, pero las estampillas se presentaron el 4 de enero de 2019, y el acta de inicio fue suscrito el 9 de enero de 2019, por lo que se habría generado un presunto incumplimiento a los principios de anualidad y planeación.

Al revisar los estados financieros del Imdri, se evidencia que al parecer no se realizó la provisión para litigios y demandas, pese que a 31 de diciembre de 2018 se tenía nueve procesos judiciales en contra, con pretensiones económicas por $18.829.020.260.

Por otra parte, se hallaron presuntas irregularidades en las obligaciones específicas y en la planeación presupuestal del contrato 013 de 2018 de prestación de servicios profesionales para una licenciada en Educación Física.

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