Fiscalía imputó cuatro cargos a interventor de obras del Estadio

Jesús Octavio Sánchez. Imagen: suministrada.

Arrancó nueva fase de la investigación por el emblemático caso de corrupción.

El imputado de 77 años, abogado y contratista público, en el año 2015 habría introducido documentación falsa para presentar al Imdri como requisito para el concurso de méritos para la contratación del mejoramiento y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro de la capital tolimense, de cara a las justas nacionales en su versión número 20, entre otras irregularidades

Por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad material en documento público y privado, fraude procesal, y peculado por apropiación, una fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, imputó cargos a un nuevo capturado por el gran desfalco a los Juegos Nacionales en su versión número 20, los cuales se celebrarían en el año 2015 en la ciudad.

Se trata de Jesús Octavio Acosta Sánchez quien se convierte en el detenido número 18 por estos hechos; un abogado bogotano detenido al norte de su ciudad natal la tarde del martes 21 de mayo, por investigadores del Cuerpo Técnico de investigación (CTI), adscrito a la Sección de Análisis criminal SAC – Grupo de Obtención y Tratamiento de Información (Goti) de la Seccional Tolima, quien según el ente acusador, es el representante legal de A&C S.A, sociedad a la cual se le adjudicó el contrato 087 en febrero del año 2015, cuyo objeto era la interventoría de las obras de ampliación, remodelación y adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad.

Señaló en audiencias preliminares la delegada fiscal, que cuenta con suficientes elementos materiales de prueba y evidencia física para demostrar que el imputado quien no aceptó los cargos, actuó de manera dolosa al participar en un concurso de méritos para lo cual introdujo varios documentos falsos y donde fue el único participante.

Entre las irregularidades detectadas por los peritos de la Fiscalía está que la convocatoria del concurso se subió al Secop (Sistema Estatal de Contratación Pública) un día después de lo estipulado, y se suscribió un mes después de la fecha programada.

El contrato estaba por un valor superior a los $600 millones de lo cual se presume, hubo un peculado aproximado de $165.000.000, por cuanto se pagó, se cobró y no se ejecutó, incumpliendo así el objeto contractual.

Le fue solicitada medida de aseguramiento en centro de reclusión, pero el Juez octavo Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la ciudad, se abstuvo y le impuso medidas de aseguramiento no restrictivas de la libertad entre ellas prohibición de salir del país y una caución de 20 salarios mínimos.

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