Fuero penal militar

Ejército de Colombia

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Análisis. El fuero penal militar hizo parte integral de la Constitución Política de 1.886 y funcionó y se aplicó sin reclamos de carácter jurídico y, menos aún, por razones políticas y hace parte, igualmente, de la Constitución Política de 1.991, pero ha querido ser reformado por todos los medios y por distintas razones, porque ha tropezado con criterios de la honorable Corte Constitucional de una parte y con el Derecho Internacional en general y con el Derecho Internacional Humanitario de manera particular.

El fuero penal militar conforme con la conceptualización y contextualización que del mismo, hizo la Constitución Política de 1.886 fue ratificado y desarrollado al finalizar la década de los años cincuenta del siglo pasado por dos estatutos jurídicos, así: primero, por el Código de Justicia Penal Militar (Decreto 0250 de 1.958) expedido por la Junta Militar de Gobierno al amparo de “estado de sitito”; y, segundo, por el Código Penal Militar (Decreto 2550 de 1.988), expedido con fundamento en las facultades otorgadas al ejecutivo nacional por la Ley 53 de 1.987.

Ahora bien, en vigencia de la Constitución Política de 1.991, el fuero penal militar hizo parte integral de este estatuto superior y lo sigue haciendo, pero con reformas que, por distintas razones, han resultado de difícil aceptación, habiéndose expedido hasta hoy dos Códigos Penales Militares, así: el primero contenido en la Ley 522 de 1.999, que rige en la actualidad todavía; y, el segundo contenido en la Ley 1407 de 2.010 en proceso de implementación.

¿Cuál es, entonces, el problema? Nada más y nada menos que lo que se ha dado en denominar, legislativa y doctrinariamente, el “derecho operacional”, mediante el cual se ha procurado que los miembros de la fuerza pública que hayan enfrentado en el pasado reciente, que enfrenten en la actualidad o que deban enfrentar en el futuro acciones de carácter militar e institucional contra la insurgencia armada política y militar dentro del marco conceptual y jurídico del denominado “conflicto armado interno”, queden al margen de la jurisdicción penal ordinaria y de la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.

Esto ha llevado a que el art. 221 de la Constitución Política de 1.991, cuyo texto trata exclusivamente del fuero penal militar haya sido objeto de dos reformas constitucionales de origen congresional: la primera mediante el Acto Legislativo No. 02 de 1.995 y la segunda mediante el Acto Legislativo No. 02 de 2.012, que no ha logrado superar el examen de constitucionalidad, como consta en las Sentencias C-740, C-754, C-756 y C-855 de 2.013 de la honorable Corte Constitucional.

Posiblemente por esta razón el senador Álvaro Uribe Vélez se apresuró a presentar un proyecto de acto legislativo en dirección a reformar, una vez más, desconociendo que el fuero penal militar, está instituido y lo seguirá estando para que los miembros del Ejército Nacional, de la Armada, y de la Fuerza Aérea, respondan exclusivamente ante la jurisdicción penal militar por los delitos consumados en desarrollo de actividades militares relacionadas con el servicio y por causa y razón del mismo, sacando de aquí a la Policía Nacional, porque respecto de esta entidad, desde hace mucho tiempo, por su carácter civil, debe tener, si es lo que se desea, un tratamiento especial, cuando de delitos consumados en desarrollo de actos del servicio policial, se trate.

Reiteramos que el gran problema que enfrenta en estos momentos el Congreso Nacional, bien a instancias del partido Centro Democrático y de los demás partidos con representación congresional, es llevar a cabo una reforma constitucional que consulte los supremos intereses de la patria y no buscar una reforma constitucional para casos particulares, porque respecto de los mismos, como se afirma en relación con la acción constitucional de tutela, cuando se invoca como remedio de todo, es que siempre habrá otras vías jurídicas para la revisión de actos jurisdiccionales, entre otros, las sentencias judiciales, respecto de las cuales existen, al menos por ahora, el recurso extraordinario de casación y la acción de revisión, pues hace parte de la democracia, así se resulte doloroso, respetar la decisión de los jueces, como lo enseñó con ejemplo propio, el filósofo Sócrates, desde la ya remota antigüedad griega.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.