Ibagué, ¿capital de la ilegalidad?

Alberto Girón

Alberto Girón

Pareciera que en la ciudad nadie respeta los fallos judiciales ni las decisiones de los órganos de control.

En la ciudad musical abundan los casos de maltrato a la ley en todos los estratos: conductores que estacionan en zona prohibida, disposición de basuras en la vía pública, delincuentes condenados que contratan con el Estado, o indiciados en la calle violando la detención domiciliaria fijada por los jueces. Es un tema de nunca acabar.

Un magistrado activo del Tribunal Superior no permite que lo infraccionen estando ebrio al volante; los jueces delinquen sin miramiento alguno: unos van a la cárcel otros se vuelan a un exilio dorado a Estados Unidos. Se da el caso de abogados a los que no le sirven fallos de ninguna corte local y pareciera que van apelar a la ‘corte celestial’.

La última perla: el gerente del Ibal, Alberto Girón anunció que pedirá la nulidad de una sanción de $295 millones proferida contra el instituto de acueducto y alcantarillado, por deficiencias en la prestación del servicio y cortes en el suministro en el periodo 2012 – 2013.

Pese a que la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos es de segunda instancia Girón anunció el desconocimiento flagrante a la decisión del organismo de control, señalando que “todavía quedan recursos jurídicos frente a este tema, porque la empresa Ibal no tuvo una defensa jurídica adecuada (sic)”.

El mismo Girón ha protagonizado desde hace semanas otra polémica al conocerse que se posesionó en el cargo estando sancionado por la Contraloría del Tolima, decisión que le genera una inhabilidad para ocupar cargos públicos hasta el año 2020.

Pese a ello, el polémico ingeniero fue posesionado por el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, y defendido a capa y espada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo.

Otro caso más de desconocimiento a la ley y a los organismos de control.

Así, ¿cómo pedirle a un niño, o a un joven en formación que acate la normatividad legal vigente, si las propias autoridades y funcionarios se pasan por la faja el ordenamiento jurídico del país?

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