Justicia transicional también para integrantes de la fuerza pública

Ejército de Colombia

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De los diálogos entre el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre y el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, salieron a relucir los principales factores de discrepancia filosófica y jurídica entre ambos, que en el fondo reflejan dos concepciones distintas del Estado y de su fundamentación constitucional.

Quedó en claro que en Colombia existe y ha existido, desde hace más de cincuenta años, un conflicto armado interno y también que en la actualidad hace parte del ordenamiento constitucional el marco jurídico para la paz establecido como norma superior y de obligatorio cumplimiento en el Acto Legislativo No. 01 de 2012 (julio 31), en el cual se fundamenta la ahora denominada justicia transicional que amparó ampliamente al paramilitarismo, resultando ilógico que miembros de la fuerza pública investigados, procesados y condenados por violaciones al derecho internacional humanitario, queden al margen de dicha normatividad.

Pareciera que al Centro Democrático, a su dirigente máximo, señor senador y expresidente de la república, Álvaro Uribe Vélez y a sus prosélitos confesadamente defensores del estamento militar, tanto activo como en retiro, no les doliera para nada los más de quince mil miembros de la fuerza pública privados de libertad por delitos completamente ajenos a las conductas punibles típicamente militares, agregando a esto, que tampoco tienen importancia para ellos la suerte de sus familias.

De ahí que no entendamos la tozudez de los integrantes del Centro Democrático en seguirse oponiendo a que los miembros de la fuerza pública que están siendo investigados por conductas punibles ajenas a las sancionadas específicamente por el Código Penal Militar, se beneficien de la justicia transicional, en cualquiera de sus formas, la cual viene siendo impulsada desde el gobierno y aplicada, de alguna manera a los integrantes presos de la insurgencia armada, política y militar que se han acogido a la misma, como favoreció a los integrantes del paramilitarismo que, en su momento, procuraron que se les aplicara.

En definitiva somos partidarios de que a los más de quince mil miembros de la fuerza pública que enfrentan y han enfrentado procesos penales por delitos diferentes a los típicamente militares, se acojan, dependiendo de sus propias convicciones, a los postulados de la justicia transicional en los mismos términos ya señalados por la honorable Corte Constitucional (Sentencias C-771 de 2011, C-579 de 2013 y C-577 de 2014) y por la honorable Corte Suprema de Justicia (Radicado 35.093).

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.