La crisis de la justicia: ¿cómo solucionarla?

Rafael Aguja.

Rafael Aguja.

Los últimos acontecimientos relacionados con destacados integrantes superiores de la administración de justicia, nos están indicando, sin lugar a ninguna duda, que la administración de justicia, como integrante de los poderes del Estado, entre nosotros, en realidad de verdad ha hecho crisis y requiere de soluciones inmediatas y definitivas, porque, se reitera, la administración de justicia en Colombia se encuentra “in articulo mortis”.

¿Cómo hacerlo?

He aquí el problema, porque necesariamente se debe partir de la aplicación rigurosa del principio de la separación de poderes, dado que la administración de justicia, no es nada diferente ni distinto que uno de los tres poderes fundamentales del Estado.

De esta crisis necesariamente tendrá que ocuparse el Congreso Nacional que se instale el próximo 20 de julio, pero por su composición, derivada de las pasadas elecciones congresionales, avizoramos que no habrá solución a la vista, porque el tema central de las elecciones presidenciales sobre la paz, el proceso de paz y el post conflicto, no dejarán espacio para que a la crisis de la administración de justicia se le encuentre solución por vía legislativa o constitucional derivada.

Así que podrían buscarse otras alternativas, dos de ellas, posibles, serían la convocatoria de una asamblea nacional constituyente especializada, semejante a lo que sucedió con la convocatoria de la asamblea nacional constituyente de la cual nació la Constitución Política de 1.991 y otra la convocatoria de un referendo reformatorio de la Constitución. Estas soluciones son posibles pero su instrumentación es demasiadamente complicada y la reforma constitucional por vía legislativa o constitucional derivada, resulta demasiadamente engorrosa y puede, eventualmente, morir antes de nacer como ya ha sucedido en ocasiones anteriores.

Lo cierto del caso es que la reforma a la administración de justicia es una necesidad imperiosa para la estabilidad institucional del Estado, especialmente para encausar jurídicamente la solución al conflicto armado interno, la legalización de los acuerdos de paz a que se llegue en los diálogos de La Habana y la instrumentación del post conflicto.

No hay alternativa distinta que contribuir, en la medida de nuestras capacidades, a que se escoja la mejor vía para la reforma de la administración de justicia y evitar una catástrofe nacional de incalculables consecuencias, porque, como ya lo habíamos dicho en otras oportunidades, sin justicia no habrá democracia, paz y tranquilidad.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.