La cura, peor que la enfermedad

Está cumpliendo Guillermo Alfonso Jaramillo las dos terceras partes de su periodo constitucional. Hacer un pare y calificar su gobierno – a grandes rasgos – nos obliga a medirle varios raseros: su ejecución del Plan de Desarrollo al que denominó “1. Por Ibagué con todo el Corazón”; 2. El manejo de la contratación pública; 3. La transparencia en la vinculación del personal administrativo; 4. El manejo dado al delicado problema de la contratación para los Juegos Nacionales. Partiendo del numeral uno, es el mismo Plan de Desarrollo proyectado y aprobado por el Concejo, el que nos da respuesta igualmente a los numerales dos y tres, antes citados. En las páginas 36 y 37, al definir cómo estará la ciudad al final de su gobierno, bajo el título Visión Ibagué 2019, se dice: “Todos los habitantes de Ibagué tendrán derecho a una vida con dignidad, es decir con acceso pleno al disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos propios de una sociedad democrática participativa.”

Y continúa: “Se deberá superar el grave deterioro de la calidad de vida de los habitantes de Ibagué, consecuencia principalmente de la apropiación o mal uso de los recursos públicos, las prácticas clientelistas, el enriquecimiento ilícito, las contrataciones amañadas, la inequidad en el acceso a los bienes y servicios que debe prestar el Estado en lo local y la discriminación por razones diferentes a las capacidades. Para el 2019 se habrá recuperado la confianza en lo público y se habrá avanzado en la búsqueda de un proyecto ciudadano común, logrado con el concurso y participación de todos.” Visión proyectada después de definir y clarificar los principios guías en la ejecución del Plan, los programas y proyectos a ejecutar.

Si algo está claro a esta altura de su gobierno, es precisamente que Ibagué está viviendo una realidad muy diferente a la visionada. La planta de personal municipal y la contratación mediante órdenes de prestación de servicios le ha permitido a Jaramillo fortalecer una clientela política que utilizó – sin frutos – en la pasada elección de congresistas y aspira a aumentar ampliando la estructura orgánica y de personal, todo enfocado a consolidar la sucesión política en su cargo con uno de sus amanuenses.

Transparencia es un gracejo que utiliza cada vez que se dirige a los medios, para calificar su amañada contratación mediante convenios y pliegos de condiciones que solo sus escogidos pueden cumplir, haciendo que esa confianza en lo público sea una frase hueca y el proyecto ciudadano anhelado sea una concreción en favor del equipo de aduladores y seguidores que a regañadientes le aguantan sus gritos, ultrajes y calificativos descorteces y humillantes.

El manejo premeditado dado al problema contractual por la obras de los Juegos Deportivos Nacionales no pudo ser peor, y los únicos perjudicados somos los ibaguereños, que tendremos que pagar sus errores y compromisos adquiridos en campaña, con más empréstitos y nuevas contribuciones fiscales.

La cura, nos resultó peor que la enfermedad.

Por: Iván Ramírez Suárez, abogado, docente universitario. Este artículo fue publicado originalmente en el periódico El Nuevo Día.

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