“La extradición es un ‘coco’ que ya no asusta”: Gómez Méndez

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Alfonso Gómez Méndez

El Ministro de Justicia afirma que el Fiscal no puede decirle al presidente cómo actuar. 

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, hizo un balance de lo que ocurrió este año en la Rama Judicial y en los organismos de control. Asegura que las diferencias de criterio entre las cabezas de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría son sanas, pero que el fiscal general, Eduardo Montealegre, no tiene competencia para decirle al Presidente cómo actuar.

Esto, frente a lo dicho por Montealegre, quien ha insistido en que el presidente Juan Manuel Santos puede decidir si hace efectiva o no la decisión del Procurador de destituir e inhabilitar a Gustavo Petro. Gómez Méndez dice además que la extradición es un tema que el país debe repensar.

Un año agitado en la Rama Judicial y las instituciones por cuenta de escándalos y polémicas. ¿Salió golpeada la credibilidad de las instituciones? 

Es indudable que estos hechos expuestos en los medios sí han afectado la credibilidad de la gente en el poder judicial, pero a veces hay que mirar que los factores positivos, las condenas y decisiones que se han tomado no son noticias. Nadie puede negar que ese episodio del Consejo Superior de la Judicatura (el escándalo de presunta corrupción que le costó el cargo al magistrado Henry Villarraga) o la falta de ejecución de su Sala Administrativa afectan la credibilidad.

¿Esas discusiones entre Fiscal versus Contralora, y ahora Fiscal vs. Procurador, terminan desestabilizando las instituciones? 

Tampoco hay que escandalizarse porque haya diferencia de criterios entre los funcionarios de alto nivel. Lo que pasa es que aquí nos acostumbramos a llevar toda discrepancia jurídica e incluso política al terreno personal. A mí no me parece tan malo que haya discrepancias jurídicas dentro del Estado, el tema se vuelve preocupante cuando se cae en el terreno personal, en las desvaloraciones.

¿Se ha excedido el Fiscal en su posición frente a la sanción de Gustavo Petro? 

Ahí hay varios temas. Uno que evidentemente no está dentro de las competencias del Fiscal y es señalar cómo debe actuar un Presidente frente a una situación de destitución, esa no es función del Fiscal General. Sí es función del Fiscal investigar a todos los funcionarios, incluido el Procurador, si considera que ha cometido un delito, llámese abuso de autoridad o prevaricato. Pero entrar en la discusión de quién pueda destituir al Alcalde o al Gobernador, en caso de investigación disciplinaria, eso sí no le corresponde a él.

¿Y su propuesta de revisar las facultades de la Procuraduría no terminaron por darle alas al alcalde Petro? 

Yo no creo. De hecho, si tuviera que ir a donde el cura a confesarme no me arrepentiría de eso. Se hizo lo que tenía que hacer, ese era el momento. Hablamos de una revisión futura que supone una reforma constitucional, que dura dos años. El alcalde Petro no se iba a quedar callado, con o sin mi declaración. Además, el Presidente ha reiterado que respeta la decisión del alcalde Petro de recurrir a todas las instancias para controvertir una decisión que lo afecta.

¿Le preocupa la decisión que tome la CIDH y el posible efecto dominó que eso podría generar? 

No es que me preocupe. El Gobierno cumple la decisión cuando esté ejecutoriada. Si hay una tutela o una decisión de un organismo internacional, que por cierto no estaría dirigido al Presidente sino a la Procuraduría, y eso implica que esa decisión no esté en firme, el Presidente evaluará en su momento.

¿Esta revisión de las facultades de la Procuraduría se va a incluir en la reforma de la justicia que se está estudiando? 

El tema aún no está en la agenda, pero puede llegar a surgir. Ya hay unos puntos en los que hay más o menos acuerdo. Uno es la supresión o modificación sustancial del Consejo de la Judicatura, la modificación del sistema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, que apunta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a que en un régimen de derecho no puede haber un funcionario que no tenga un juez y aquí por las razones que sea hoy en día no funcionan esos procesos en el Congreso. Otro punto es modificar la edad de retiro forzoso de los magistrados, que puede ser de 70 años, pero también aumentar la edad para llegar. De tal forma que la magistratura sea un punto de llegada y no un punto de partida, que se llegue a una alta corte a terminar una carrera y no a comenzar ni a tomar una magistratura como trampolín.

¿La extradición está en la agenda de temas que entrarán a revisión? 

Yo creo que sí hay que replantear la extradición. La verdad es que si hay algo que haya sido dramático en la historia reciente de este país ha sido lo que pasó con la extradición.

¿Por qué? 

Porque aquí la extradición no le importaba a nadie. Los profesores de derecho penal no le dedicábamos más de 15 minutos, pero en la administración del presidente Julio César Turbay se negoció el tratado de extradición con los Estados Unidos y el Congreso aprobó el tratado de extradición, la Ley 27 del 80, sin discusión. Solo cuando comenzaron a hacerse las primeras solicitudes de extradición, ya en la administración de Belisario Betancur, fue cuando vino la arremetida del narcotráfico contra el tratado. El presidente Betancur negó las primeras por razones varias de soberanía y solo se aprobaron después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara.

Ese lema de los narcos de entonces de que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos ahora ya no es. A ellos casi que les gusta la extradición exprés, casi que piden que los extraditen porque van a allá, negocian rápido y se devuelven.

¿Le perdieron el miedo a la extradición? 

Ese coco ya no asusta a nadie. Es un fenómeno muy extraño y muy cruel de lo que nos ha pasado a los colombianos con el tema de la extradición. Se ensangrentó este país por cuenta de la extradición, y esa extradición por cuenta de la cual bañaron de sangre este país hoy ya no afecta a los narcotraficantes.

¿Cómo se debe reformar la extradición? 

En algún momento hay que pensar en renegociar ese tratado de extradición por vía administrativa.

¿Qué abordaría esa renegociación? ¿Acabarla? 

No. La extradición es un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, que además Colombia ha respetado siempre. Lo que hay que mirar es cómo replantearla, para qué casos, en qué condiciones y cuáles son los requisitos o condiciones que puede poner un estado para concederla. Pero ese es un tema que le corresponde a la Cancillería.

¿Cómo va a participar el Gobierno en la reforma del código penal oral? 

Lo que hay que revisar es si realmente el sistema penal acusatorio ha servido para mejorar la justicia en Colombia o si es el momento para admitir que no ha sido así y realizar no una reforma de maquillaje, sino a fondo. Como quien fija la política criminal es el Consejo de Política Criminal, el Gobierno va a presentar su proyecto. Es posible que haya dos, el del Gobierno y el de la Rama.

Tomado de: El Tiempo.

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