La ley 600 es inconstitucional

Aguja

Con la expedición y promulgación del Acto Legislativo No. 03 de 2.002 por parte del Congreso de la República y del Gobierno Nacional se reformaron, por sustitución total, los arts. 116, 250 y 251 originales de la Constitución Política de 1.991 y, además, se adoptó el sistema penal de tendencia acusatoria el cual fue desarrollado luego en la Ley 906 de 2.004, creándose así una nueva realidad jurídica, de carácter procesal penal para el país, vigente hasta ahora, no obstante su difícil asimilación, por razones, para algunos, de carácter cultural.

De cara a esta nueva realidad jurídica, de carácter procesal penal, resulta oportuno y obvio preguntar ¿si la Ley 600 de 2.000 goza, actualmente, de constitucionalidad y de aptitud jurídica para administrar justicia en relación con los procesos penales por hechos, de contenido delictual, cometidos hasta el día en que se entronizó, entre nosotros, el sistema penal de tendencia acusatoria, actualmente en vigencia?

Estimamos, de entrada, que no, por cuanto los arts. 116, 250 y 251 originales de la Constitución Política de 1.991, fueron reformados, por sustitución total, respectivamente, por los arts. 1, 2 y 3 del Acto Legislativo No. 03 de 2.002. Esta sucesión de normas constitucionales origina consecuencias trascendentales que no se pueden ignorar, pues aparece claro que las primeras normas superiores le dieron efectivamente soporte constitucional a la Ley 600 de 2.000, mientras estuvieron en vigencia; en tanto que las nuevas normas constitucionales le dan ahora soporte constitucional a la Ley 906 de 2.004, lo cual excluye la supuesta coexistencia que se ha proclamado entre estas dos leyes de contenido procesal, porque reglamentan sistemas penales disimiles y mutuamente excluyentes.

Lo cierto, lo real y lo objetivo es que el soporte constitucional de la Ley 600 de 2.000, afincado en los arts. 116, 250 y 251 originales de la Constitución Política de 1.991, desapareció, por la potísima razón práctica de que tales normas superiores fueron derogadas, así sea tácitamente, por sustitución total de su contenido dispositivo, respectivamente, por los arts. 1, 2 y 3 del Acto Legislativo No. 03 de 2.002, ante lo cual dicha ley quedó expósita, cuya persistente aplicación, pasando por alto lo anterior, resulta contraria al actual ordenamiento constitucional.

Pues no se puede perder de vista:

1. Que de la normatividad constitucional vigente, hoy en día, entre nosotros, hace parte integral del Acto Legislativo No. 03 de 2.002, que entró a regir, como aparece en el art. 5 del mismo, “a partir de su aprobación”, pero dejando a salvo que se aplicaría “de acuerdo con la gradualidad que determina la ley”, en relación con los “delitos cometidos” con posterioridad a su vigencia y agregando que la aplicación del nuevo sistema penal de tendencia acusatoria, que se adoptó por dicho Acto Legislativo, y que se desarrolló con la Ley 906 de 2.004, “se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1 de enero de 2.005 de manera gradual y sucesiva” hasta abarcar la totalidad del país para el 31 de diciembre de 2.008, como en efecto sucedió.

2. Que conforme con lo que se acaba de anotar, aparece claro que la Ley 600 de 2.000, contentiva del anterior Código de Procedimiento Penal de tendencia inquisitiva, se expidió, se promulgó y se aplicó con fundamento en los arts. 116, 250 y 251 originales de la Constitución Política de 1.991; mientras que la Ley 906 de 2.004, contentiva del nuevo Código de Procedimiento Penal de tendencia acusatoria, se expidió, se promulgó y se está aplicando con fundamento en los arts. 116, 250 y 251 modificados, por sustitución total, en su contenido dispositivo, por los arts. 1, 2 y 3 del Acto Legislativo No. 03 del 2.002, que rige desde su promulgación y que desde entonces se ha venido aplicando ininterrumpidamente.

3. Que en el Acto Legislativo No. 03 de 2.002 no se hizo ninguna reserva constitucional o legal, pues en su art. 5 que trata, precisamente, de su vigencia, se precisó que se aplicaría gradualmente el nuevo sistema penal de tendencia acusatoria adoptado, a partir del 1 de enero de 2.005, y que, para el 31 de diciembre de 2.008, su vigencia debía cubrir todo el territorio nacional, como efectivamente aconteció.

4. Que lo anterior significa que con la aplicación, sin limitaciones de los arts. 116, 250 y 251 de la Constitución Política de 1.991, modificados en su texto original por los arts. 1, 2 y 3 del Acto Legislativo No. 03 de 2.002 por sustitución total, se produjo la revocatoria de los mandatos superiores, enunciados anteriormente y, como consecuencia, dejaron de regir a partir del 1 de enero del 2.005 en el orden en que se implementó la nueva normatividad procesal penal de tendencia acusatoria.

5. Que la Ley 600 de 2.000, contentiva del anterior Código de Procedimiento Penal de tendencia inquisitiva, quedó, como se anotó antes, sin soporte constitucional, por lo cual, no puede aplicarse a ningún proceso penal por hechos sucedidos con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo No. 03 de 2.002, porque se incurrirá en el denominado, por la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la acción de tutela contra decisiones judiciales, defecto material o sustantivo, acorde, entre otras, con la Sentencia T-309 de 2.012, el cual se presenta cuando “se decide con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales”, lo que hace nula cualquier actuación fundamentada en dicha ley procesal penal.

6. ¿Qué hacer, entonces?. Simplemente aceptar la existencia de la nueva realidad jurídica, gústenos o no, sin desconocer que no siempre las actuaciones de los congresistas, bien de orden constitucional o legislativo, resultan afortunadas, porque en la mayoría de los casos obran sin medir consecuencias, pasando por alto advertencias de distintas vertientes políticas e institucionales, especialmente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, sobre los riesgos de convertirse, en todo momento y por motivos simples, en constituyentes.

Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación penal de 5 de noviembre de 2.008, proferida dentro del Proceso No. 29.853, con ponencia del Magistrado JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, le llamó la atención duramente al Congreso Nacional por lo que denominó “inflación legislativa”, situación que ha originado, entre otras consecuencias, inestabilidad jurídica y problemas, tan serios y graves, como el de la hacinamiento carcelario y el aumento desproporcionado de la carga laboral para los despachos judiciales.

7. Lo cierto del caso, es que la Ley 600 de 2.000 desde el 31 de diciembre de 2.008, carece totalmente de soporte constitucional, de donde se desprende que los miles de procesos penales que aún se tramitan conforme a su ritualidad, están y estarán afectados de nulidad, total y absoluta, lo que impide su aplicación en el diario acontecer jurisdiccional, así se invoque, desde la doctrina y la jurisprudencia, su coexistencia con la Ley 906 de 2.004.

8. Que esta nueva realidad jurídica, por evidente, no puede ser desconocida, porque se podrá incurrir en situaciones que hacen responsable al Estado colombiano por daño antijurídico, acorde con lo dispuesto en el art. 90 de la Constitución Política y dado que aparece patente el efecto jurídico denominado “juicio de sustitución”.

A manera de conclusión tenemos que en las condiciones en que se encuentra actualmente la Ley 600 de 2.000, resulta imposible administrar justicia con fundamento en la misma, pues no puede pasarse por alto que, como lo recuerda el doctor YESID RAMIREZ BASTIDAS, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en su nueva obra jurídica , que existen estrechos vínculos “entre los modelos estatales, los parámetros de legitimación del poder público y los sistemas de justicia” que hacen que “el proceso penal no sea más que el reflejo de la concepción del poder público que se tiene en un entorno determinado”, agregando que en la actualidad “el ejercicio del poder público se justifica por el respeto a los derechos fundamentales”, de donde resulte imperioso que “el proceso penal se conciba también como un espacio de afirmación de la verdad y la justicia en un contexto caracterizado por el estricto respeto de los derechos de los distintos intervinientes”. A la vez, nos recuerda que la Constitución Política “no es solo normas de normas, sino norma de aplicación directa”, pues es, como se sabe, fuente de derecho, que se aplica “junto a la ley” y frente a esta “tiene supremacía en el ordenamiento jurídico”.

Agregamos, de parte nuestra, que la constitucionalidad de la ley, cualquiera sea su naturaleza jurídica y la materia de que se ocupe, será requisito sustancial e imperativo de existencia y aplicabilidad, lo cual no ocurre actualmente, desde el momento en que la nueva realidad jurídica creada por el Acto Legislativo No. 03 de 2.002 y desarrollada por la Ley 906 de 2.004, se aplicó en la totalidad del territorio patrio.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario, conjuez del Tribunal Superior de Ibagué.

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