La recicladora mayor, una más del Estado invisibilizador de la pobreza

Orlando Ávila

Muy seguramente cuando aparezca esta nota, ya se habrá terminado el aquelarre ecologista, aupado y financiado con dineros públicos, por la entidad estatal Cortolima en su “2ª Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo”, según ellos y ellas – los políticos de oficio y los políticos tecnócratas que allí laboran – para “disponer adecuadamente muchos elementos que han cumplido su vida útil y que requieren de un manejo adecuado para su reciclaje y disposición final”.

Y antes que se venga lanza en ristre el ecologismo religioso, con puesto y contrato a la moda, bien valdría la pena solicitarle a quien controla constitucionalmente a la entidad autónoma regional (fiscal y políticamente), que se respondieran ciertas dudas o cierta conciencia crítica, que nace de tanta pregonada “fiesta ambientalista” (con la plata de todos, claro):

¿Por qué con dineros públicos y con el aparato estatal, se debe recoger lo que por ley debe hacerlo el productor y/o el comercializador (léase importador) de empaques y equipos contaminantes? (artículos 7º al 11º, Ley 1252 de 2008).

¿De cuándo acá, con el dinero público, se maquilla socialmente la imagen corporativa de las multinacionales productoras y sus importadores comercializadores de electrónicos o de venenos químicos, eximiéndolos en su responsabilidad y recogiéndoles sus empaques y basura?

¿Cuál es el vínculo social o corporativo (quizá hasta político, nunca se sabe) de una entidad pública con los gremios o asociaciones de comercializadores (léase importadores) de sustancias como Glifosato, Furanos, Dioxinas o Fluorcarbonados, al punto de asistir como institución a eventos de éstas a dictar conferencias, en los cuales es evidente el patrocinio y su interés comercial (vender) de los contaminadores mundiales, incluso hasta de aquellos vetados por la EPA gringa, que ya es mucho decir?

¿Por qué la entidad regional se convierte en la recicladora mayor, ayudando conscientemente aún más al despojo, al estigma y a la invisibilización de quienes por su condición social históricamente lo hacen a diario, sin las prebendas administrativas ni el billete del que se ufana la erigida autoridad ambiental?

¿Es acaso que entretelones – con la ilegal función de recicladora mayor – se le sirve indirectamente a alguna ignota gran oenegé recicladora o alguna startup ecologista o joint venture ambientalista fundada, por ejemplo, por algunos hijos de expresidente o por boyantes políticos cuaresmeros de los que llegan al Tolima?

Una cosa es el medio ambiente o un planeta sostenible, pero otra es usar los recursos públicos, embolatándonos, para banalizar el mal ya hecho sobre el prominente cáncer de estómago o de esófago que reina entre nosotros, además del diario vertido en cuencas y microcuencas, por más de 80 años, de toda estirpe de químicos, bajo un modelo consumista contra el cual, se supone, debe ejercer vigilancia Cortolima.

La regulación a las autoridades ambientales regionales es un deber y un derecho ciudadano, y no por el hecho que Cortolima ondee la utilitarista bandera de defensa de la Tierra, ésta pueda dilapidar los recursos públicos, y lo que es peor, institucionalmente privar de su pan diario a miles de humildes recicladoras y recicladores, así algunos de ellos o ellas estén en la enfermedad pública de la adicción o no vayan a los ciclo paseos ecoidolatradores o no puedan explicar el paradigma “ambiental” a los foráneos “hípster” contratistas (versión remix del manzanillo de antaño, alias lagarto).

Es hora que Cortolima y sus campañas (junto a sus políticos de oficio y sus políticos tecnócratas, que de ésta sobreviven), consideren que es el ser humano tolimense – más si este es pobre y marginado – el centro misional y visional (como dicen ahora, rimbombantemente) de todo su actuar publico, y no el servir de consueta (con la plata de todos) a la justificación tardía de un modelo de desarrollo mundial, que nos llevó a donde estamos: el cambio climático.

De recoger basuras – electrónicas, de empaques venenosos o de publicidad política – trata la ley 142 de 1994 y sus reformas, y que se sepa, Cortolima no puede insmicuirse en ello como operador ni recolector convidado.

Del oficio reciclador, sepa Cortolima que todo lo del pobre no es robado y más bien dejen que se ganen su jornada diaria los miles de hombres y mujeres tolimenses, niños y ancianos, a los que empobreció un modelo consumista y de desarrollo, mientras enriqueció a los dueños del corporativismo mundial y presuntos financiadores, en la sombra, de iniciativas ambientales similares a las de los hoy eco-socios recicladores de la estatal: Aprovet, Campo limpio, Lumina, Punto azul, Recopila, Sistema verde, Digital green, Biograss o Gaia vitare.

Por: Luis Orlando Ávila Hernández, Ingeniero agrónomo, propietario de la ex Tienda Cultural La Guacharaca.

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