La ‘reforma’ al estatuto penitenciario

Aguja

Rafael Aguja

Por fin hemos conocido el Proyecto de Ley No. 256/13 de la Cámara de Representantes y No. 23/13 del Senado de la República, ya conciliado, mediante el cual se introducen “reformas” al actual Estatuto Penitenciario y Carcelario, contenido en la Ley 65 de 1993, el cual, por lo visto, está para sanción presidencial y promulgación en el Diario Oficial.

La expectativa que originó la presentación de dicho proyecto de ley por la anterior ministra de justicia fue grande, por la necesidad apremiante de solucionar el problema carcelario, especialmente en cuanto a la carencia de cupos para albergar a las personas privadas de libertad, especialmente a partir de la expedición de la Ley 1453 de 2011, conocido como “hacinamiento carcelario”, que se convirtió, desafortunadamente en una afrenta para la dignidad nacional y en muestra elocuente de cuánto se violan los derechos humanos en nuestro país, en nombre de la república y por autoridad de la ley.

Igualmente grande resulta la decepción que produce el texto definitivo de dicho proyecto de ley, circunstancia que no resulta, del todo ajena, al acontecer nacional, porque se trata, de todas maneras, de un producto acabado de carácter legislativo, con valor agregado, del actual Congreso de la República integrado, sin duda alguna, por los representantes y senadores que nos merecemos, así haya excepciones personales, particularmente aisladas pero significativas, que, de alguna manera, hacen honor a la rama legislativa del poder público, porque cumplen con el encargo adquirido con el voto de sus electores, sin que la mayoría de los mismos lleguen a tan altas satisfacciones.

Con este proyecto de ley se reafirma, una vez más, que en Colombia los problemas sociales se solucionan, simplistamente, colocando bajo custodia del Estado a quienes, por alguna circunstancia, contrarían el ordenamiento jurídico o chocan con el mismo, acudiendo al denominado “derecho penal del enemigo” de Carl Schmitt, arquitecto jurídico del régimen nacional socialista de Adolf Hitler, cuyas consecuencias han sido establecidas y precisadas por la historia, entre otras razones, porque se deja de lado la ética de la responsabilidad y se utiliza, en cambio, la ética de las propias convicciones, sistematizadas por el sociólogo alemán Max Weber.

Aspirábamos, obviamente, a que la monumental violación de los derechos humanos que se materializa y toma entidad en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, tuviera alguna solución adecuada y proporcional a las circunstancias, desde el punto de vista legislativo, pero no fue así, aun cuando, innecesariamente, se remarca, a manera de invocación religiosa, que en Colombia toda persona es libre y que, por lo mismo, no puede ser sometida a prisión o arresto, ni detenida, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley, agregando que nadie puede ser sometido a pena privativa del derecho a la libertad personal o medida de seguridad, ni al régimen legal de ejecución de las mismas, reiterando, eso sí, que la libertad es la regla y la detención preventiva, la excepción.

Como puede verse, ninguna mención se hace al art. 12 de la Constitución Política que prohíbe, expresamente, la aplicación de penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de personas que enfrentan procesos penales y se guarda silencio, igualmente, sobre el derecho a la resocialización de quienes han sido condenados por hechos revestidos de características delictivas, por cumplimiento de la pena privativa del derecho a la libertad impuesta y por trabajo y estudio.

Por ejemplo, el art. 32 del citado proyecto resulta significativo, porque con el mismo se modifica, una vez más, el art. 68A del Código Penal, norma manipulada, en exceso desde el punto de vista legislativo, porque fue creada por el art. 32 de la Ley 1142 del 2007, modificada, luego, por el art. 28 de la Ley 1453 de 2011 y casi que, inmediatamente, modificado, una vez más, por el art. 13 de la Ley 1474 de 2011, dejando al descubierto su inestabilidad y la manipulación ligera y, hasta irresponsable, con la cual se legisla en materias tan graves como las que tienen que ver con el derecho penal, la acción penal, la política criminal y la potestad sancionatoria del Estado, mediante la aplicación del principio jurídico del ius puniendi.

Principia esta norma por señalar que se excluyen de beneficios y subrogados penales treinta y nueve (39) delitos de los tipificados y sancionados en el Código Penal, respecto de los cuales no se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y, como si fuera poco, tampoco “ningún otro beneficio, judicial o administrativo”, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, enunciado éste que resulta contrario del derecho a la resocialización de quienes han sido objeto de pena privativa del derecho a la libertad personal impuesta en proceso penal.

Estudiaremos detenidamente este proyecto de ley y haremos los comentarios del caso, porque, no obstante sus limitaciones, procuraremos que se aplique, pues, pese a todo, contiene algunos aspectos positivos como la creación de la cartilla biográfica única cuya actualización permanente se ordena, con lo cual se obvia la difícil situación que se presenta en la actualidad para la expedición de dicha documentación con destino a los jueces de penas y medidas de seguridad para que se tomen las decisiones del caso, respecto de las personas condenadas por delitos y que, por esta circunstancia, se encuentren privadas del derecho a la libertad personal.

Ni qué hablar de la anunciada humanización del proceso penal y de la pena, conceptos que, por supuesto, brillan por su ausencia en el proyecto de reforma del Estatuto Penitenciario y Carcelario de 1993, hasta ahora vigente, porque para los legisladores colombianos, por aplicación del “derecho penal del enemigo”, quienes, por alguna circunstancia, violan el ordenamiento jurídico vigente en alguno de sus aspectos regulados, se procura, respecto de los mismos, despersonalizarlos, antes que resocializarlos, como parte del castigo por haberse atrevido a tanto, de ahí que la manifestación más afrentosa de esta situación sea y seguirá siendo el hacinamiento carcelario, así con el mismo se violen la Constitución Política, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Por lo pronto, feliz año 2014.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario, conjuez del Tribunal Superior de Ibagué.

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