La sentencia y la condena en perjuicios en el sistema penal acusatorio

Rafael Aguja

Rafael Aguja

Acorde con lo dispuesto en el actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), ¿puede o no el juez penal de conocimiento condenar abstractamente en perjuicios materiales y morales al acusado declarado o aceptado, responsable del delito por el cual se le condena?

La cuestión no es clara y requiere, para su comprensión, el máximo de precisión.

Veamos:

1. El art. 446 del Código de Procedimiento penal establece que el juez penal de conocimiento en la sentencia, cuando menos, debe: (i) individualizar la situación jurídica del acusado o acusados; (ii) concretar los cargos formulados en la imputación o en la acusación; y, (iii) resolver las solicitudes formuladas por las partes e intervinientes.

Es decir, el juez debe resolverlo todo, como en realidad de verdad debe serlo, dado que la sentencia es el acto solemne, complejo y completo con el cual se pone fin a un proceso penal, respecto de la pena privativa de la libertad impuesta, las penas accesorias, los subrogados penales y los institutos sustitutivos para el cumplimiento de la misma.

Nada puede quedar al azar o que dé lugar a distintas interpretaciones como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en auto de 2 de diciembre de 2.008 (Rad. 30.446), pues, la sentencia penal, de todas maneras, debe fundamentarse en cuatro factores que son: los hechos, las pruebas, la ley y la verdad, todo esto dentro del cumplimiento pleno del debido proceso y de los derechos y garantías, respecto de quienes intervienen en desarrollo del proceso penal.

Pese al silencio legislativo de si el juez penal de conocimiento debe pronunciarse en la sentencia sobre los perjuicios ocasionados con la conducta punible por la cual se sanciona al acusado, estimamos que debe hacerlo, no como un acto de mera graciosidad, sino por un imperativo jurídico que se desprende del art. 25 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto señala que en relación con materias que no estén expresamente reguladas en el mismo, “son aplicables la del Código de Procedimiento Civil y la de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”.

El Código de Procedimiento Civil en el art. 304, luego de señalar los requisitos sustanciales de la sentencia, señala que en la parte resolutiva de la misma debe el juez consignar expresa y claramente la decisión “sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados” y sobre los demás asuntos que le corresponda decidir conforme a lo previsto en el ordenamiento procesal.

En este mismo orden de ideas, en el Código de Procedimiento Penal anterior, en el art. 56 se estableció que en todo proceso penal en el que se hubiere demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el juez procederá a liquidarlos de acuerdo con lo acreditado en la actuación y “en la sentencia condenará al responsable de los daños causados con la conducta punible”. Por último, en el Código General del Proceso en el art. 280, aparte de señalar los aspectos esenciales de la sentencia, expresa que en la parte resolutiva consignará lo resuelto sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y los perjuicios a cargo de las partes y apoderados.

De lo enunciado necesariamente se llega a la conclusión de que en la sentencia, no solamente por aplicación del principio de integración, sino por mandato legal, el juez penal de conocimiento no puede sustraerse a la obligación de referirse en la parte resolutiva de la sentencia, cuando la misma sea condenatoria, sobre la responsabilidad del acusado acerca de los perjuicios ocasionados con la conducta punible por la cual se le sanciona, así sea, de manera general y abstracta, porque lo que no se consigne en la sentencia, simple y llanamente no existe.

2. Podrá argumentarse que el incidente de reparación integral se instituyó, precisamente, haciendo parte integral del proceso penal, para dilucidar lo relacionado con los perjuicios materiales y morales que se hayan ocasionado con la conducta punible, respecto de la cual se sanciona al acusado, pero si miramos con detenimiento la situación, encontramos que dicho incidente al cual se refieren expresamente los arts. 102 a 108 del Código de Procedimiento Penal, puede llevarnos a una eventualidad distinta. Se dice en la primera norma citada que en firme “la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la víctima o del fiscal o del ministerio público a instancias de ella, el juez fallador convocará dentro de los ocho días siguientes a la audiencia pública con la que se dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal”, previa citación a las partes e intervinientes.

Desde luego, el juez penal de conocimiento puede y debe convocar, en las condiciones citadas, al trámite de incidente de reparación integral, pero si no se ha condenado al acusado en perjuicios en la sentencia, resulta imposible resolver sobre algo que no ha sido previamente dilucidado, porque, se reitera lo que no esté en la sentencia, simplemente no existe.

La práctica actual indica, que los jueces penales de conocimiento se limitan en la sentencia a señalar que la víctima puede acudir al incidente de reparación integral para efectos de la liquidación y forma de pago de los perjuicios ocasionados con el delito con el que se le causó perjuicio, o puede acudir, por separado, a la jurisdicción civil ordinaria, en procura de lo mismo, con lo cual no hemos ganado nada en claridad sobre el aspecto central de lo expuesto, que no es otro que el de concretar, si el juez penal de conocimiento puede o no condenar en la sentencia que profiera, cuando esta es de contenido condenatorio, al acusado a pagar los perjuicios, así sea en forma general y abstracta.

3. En conclusión, si en un proceso penal que culmina con anuncio de fallo condenatorio y, desde luego, con sentencia condenatoria por virtud del principio de congruencia, no condena al acusado al pago de perjuicios materiales y morales, repetimos, no podrá iniciar la víctima el incidente de reparación integral, porque ante la omisión judicial no tiene alternativa distinta que acudir a la jurisdicción civil ordinaria, en procura de establecer el monto de los perjuicios y la forma de pago de los mismos, pues no otra cosa se desprende de esta situación, por ejemplo, sino se hace uso del incidente de reparación integral dentro de los términos establecidos en la ley.

4. Aun así la situación no resulta clara y precisa, porque de acuerdo con el ordenamiento procesal penal, como se indica en el art. 446 del Código de Procedimiento Penal, el juez penal de conocimiento podría, eventualmente, condenar en perjuicios, si la víctima, la fiscalía o interviniente habilitado jurídicamente, en los alegatos finales solicita que se pronuncie expresamente sobre los perjuicios derivados de la conducta punible por la cual se sanciona al acusado.

Para nosotros resulta claro que el juez penal de conocimiento, puede guardar silencio en la sentencia, si la parte interesada, a instancias de la víctima, o la víctima misma, no solicitaron expresamente condena de perjuicios y solo puede tramitarse el incidente de reparación, si en la sentencia condenatoria aparece el acusado condenado a reparar perjuicios, porque el incidente de reparación integral no se puede llevar a cabo sobre algo que no ha sido resuelto y que no tiene categoría de decisión amparada porque no tiene la doble presunción de legalidad y acierto y adquirida la condición de cosa juzgada, pues dicho incidente solo tendría como objeto la concreción del valor de los perjuicios y la forma de pago que puede ser convenida entre las partes interesadas, pero no irse más allá, así sea con el propósito de hacer justicia, de lo resuelto en la sentencia.

La discusión sobre este particular queda abierta.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.