La “suerte” del magistrado Pretelt

Magistrado Pretelt

Magistrado Pretelt

Análisis de abogado penalista.

El magistrado de la honorable Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub es una persona de “suerte”, sobre lo cual no hay duda de ninguna especie, por cuanto habiendo sido acusado de cometer un delito (concusión) y de haber incurrido en faltas graves en relación con sus funciones y el ejercicio del cargo (indignidad), ha reclamado insistentemente que en su caso concreto debió y debe darse aplicación al principio del debido proceso, en lo cual, obviamente, tiene razón en su condición de ciudadano colombiano independientemente de que estemos o no de acuerdo con él.

En efecto:

Primero. El art. 29 de la Constitución Política establece, entre otros, dos principios fundamentales, consistentes, el primero de que nadie “podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio”; y, el segundo, de que en materia penal “la ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

Segundo. El Código Penal (Ley 599 de 2000) consagra en el art. 6º, exactamente, los dos principios que se acaban de enunciar.

Tercero. El Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), bajo cuya ritualidad se ha tramitado el proceso contra el magistrado Pretelt Chaljub, consagra en el art. 6º que nadie “podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio” y, agrega, que la ley procesal “de efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

Estos mandatos, de rango constitucional y legal, como garantía de validez jurídica de la actuación, deben cumplirse rigurosamente, porque de no ser así, pueden darse circunstancias de nulidad de todo o parte de lo actuado, dado que los seres humanos nos alimentamos de lo que sembramos y seamos presas fáciles de los acontecimientos en los que por acción u omisión tomemos parte o se nos deduzcan responsabilidades.

En este orden de ideas, no puede pasarse por alto que con el Acto Legislativo 03 del 19 de diciembre de 2002, se reformaron, por sustitución total de su contenido, los arts. 250 y 251 originales de la Constitución Política, para dar cabida y paso al sistema penal acusatorio, dejando de lado, de manera definitiva, el sistema penal inquisitivo.

Lo anterior significa, querámoslo o no, que el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que se le viene aplicando al magistrado Pretelt, por virtud del Acto Legislativo citado antes, quedó sin soporte constitucional y se le condenó a una orfandad total y completa, ante lo cual debe dársele aplicación a la Ley 153 de 1887, en lo que aún está vigente, dado que el art. 40 consigna que las leyes “concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir” y en el art. 43, igualmente, estipula que las leyes “que establecen los tribunales y determinan los procedimientos” se aplicarán conforme al primer mandato que se acaba de citar.

En conclusión, el magistrado Pretelt, a nuestro juicio, no puede seguir investigado, acusado y juzgado con fundamento en una ley, en este caso concreto, el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) que, por decisión del propio legislador convertido en constituyente, pasó el 19 de diciembre de 2002, por virtud del Acto Legislativo No. 03 de la misma fecha, a mejor vida, por pérdida total y definitiva de soporte constitucional, por cuanto los arts. 250 y 251 originales de la Constitución Política, fueron sustituidos o subrogados totalmente por un nuevo contenido a fin de darle piso constitucional al sistema penal acusatorio, respecto de lo cual no se hizo ninguna reserva.

Si esto no es “suerte”, no sabremos entonces en qué consiste la misma y a los honorables senadores les espera una ardua tarea de interpretación de hermenéutica y de epistemología que ojalá lleve a que resuelva el caso del magistrado Pretelt a la luz de lo establecido, estemos de acuerdo o no, en la Constitución Política.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.

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