Los pequeños dioses: la banalización de la protesta

Columna de opinión. Por Luis Orlando Ávila Hernández.

El señor Jaramillo Martínez, su alcaldía, su familia política y sus políticos que le respaldan, como todos los tres alcaldes anteriores de la ciudad y del Tolima, tienen intereses económicos y cuando estos chocan con la realidad de lo que no pueden cumplir de su plan de gobierno, dan la oportunidad para que sus contrarios o adversarios, igualmente con intereses económicos y su derecho constitucional, organicen protestas civiles y sociales.

Más los intereses económicos han sido y son la diferencia en las protestas civiles y sociales que se realizan desde que se le otorgó legalidad al derecho a protestar en Colombia y en el Tolima (artículo 37 de la CN).

Antes de esto, coincidiendo con el inicio de la “modernización” del país, al estilo del american way life, tras la misión Kemmerer (1923), protestar era cosa de ateos,comunistas, “evangélicos” (como se les dice coloquialmente a los cristianos no católicos), masones liberales, negros, “chusma”, “indios patirajados” y demás epítetos que se manejaron por quienes ejercían entonces el liderazgo político, religioso y comunicacional de la Colombia y el Tolima de mediados del siglo pasado, hasta bien entrado sus años 80.

Adicionalmente, a pesar de las decenas de reformas de la anterior Constitución de 1886, esta sólo permitía el derecho de reunión pacifica (artículo 46), incluyendo también ordenar a las autoridades, disolverlas por la fuerza.

En consecuencia, entre Constitución y Constitución en Colombia y el Tolima, surgieron a partir de los 70 del siglo anterior, otros intereses económicos traducidos políticamente en las bonanzas del contrabando, del petróleo, de la marimba, de la coca, de la extracción minera ilegal y últimamente la de los 60 billones anuales de corrupción por robo al estado, y su consecuente lavado de activos o sencillamente lavado de dinero, por los políticos bonanzistas y sus testaferros.

Así, estos nuevos viejos políticos con sus nuevos intereses económicos, desde los 80, se agruparon ilegal y criminalmente con actores del conflicto social y armado (paramilitares, corruptos miembros de las FFMM y de la Policía, de la Fiscalía, del Congreso, de la Rama judicial, del periodismo o de la guerrilla) no para la protesta civil y social sino al contrario: para someter por la fuerza (torturas, desapariciones y masacres) a todos los que se opusieran o fueran adversarios del alcalde en turno o del gobernador de turno, que velaba por sus nuevos intereses económicos.

De esto se vivió (y mucho) en Ibagué y el Tolima, en todo lo corrido de los años 90, la primera década y lo que va del siglo XXI. Prueba de ello es el reciente documento institucional “De los grupos precursores al Bloque Tolima” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a través de su Dirección Acuerdos de la Verdad (DAV).

A pesar de ello en Ibagué y el Tolima, el derecho a la protesta civil y social lo han ejercido y ejercen campesinos cafetaleros (cuatro paros en las pasadas dos décadas), campesinos y productores arroceros (tres paros en igual tiempo), campesinos ambientalistas (las marchas carnaval), entre otros más, a pesar de pervivir la represión policial de la antigua Constitución, que fue abolida por la Constitución de 1991.

El derecho a la tierra, a la producción agrícola nacional y al disfrute del medio ambiente, fue y es su causa, la que no contó o cuenta con la abultada carga publicitaria de los medios de comunicación de entonces o de hoy.

Al contrario, como serena y claramente lo describió el pasado miércoles 7 de febrero, el periodista radial Edgar Antonio Valderrama en la emisión del mediodía del noticiero radial de la Voz del Tolima: muchos de sus colegas y empresarios radiales, entonces defendiendo sus propios intereses económicos y los de sus prohijados políticos bonanzistas, equipararon aquellas protestas civiles y sociales en Ibagué con una “cruenta toma guerrillera” de la ciudad, sembrando el pánico colectivo entre sus oyentes o lectores, al mejor estilo de “1984” de George Orwell, su mítica novela de 1949 acerca del totalitarismo y la vigilancia del Gran Hermano en la Europa de la posguerra.

Resultado de esto, hoy los políticos bonanzistas de los 80, encuentran entre un abogado y tres empresarios radiales, un nuevo eco a su rentable banalización de la protesta, esta vez haciendo como suyo un reclamo de algunos propietarios de inmuebles, por una decisión administrativa errada no generalizada, pero legal.

Si la protesta del 8 de febrero, aupada en la sombra por los políticos bonanzistas, fue grandilocuente o no, si defendió a los más oprimidos propietarios de inmuebles del San José, la Cartagena, el Triunfo, Cerro Gordo, Matallana, San Diego, Modelia, Jardín o las Delicias, es otro debate. Igual es otro el debate si los protestantes recibieron dinero en las anteriores alcaldías o si no hicieron su gesta de protesta cuando derribaban el Coliseo cubierto, las Piscinas Olímpicas o el Parque Deportivo, que servían a los más pobres sin inmueble para pagar predial o sin negocio para ufanarse de gremio económico.

Lo que preocupa es que para banalizar aún más el derecho constitucional a protestar, los empresarios radiales en su explicación mediática (una entrevista en un portal de noticias y un video en youtube) argumentaron que además de su “justa causa” (paradójicamente el mismo mote con el que hace una década la ultraderecha del Centro Democrático y Cambio Radical, denominaron a una ONG jurídica para la defensa de sus miembros inmersos en crímenes de lesa humanidad) también lo hacían porque creían en Dios, tenían familia y uno de ellos dijo sentirse amenazado de muerte por el señor Jaramillo Martínez.

El totalitarismo en la Londres de ficción de “1984”, echa mano de la creencia en Dios y del poseer familia, además del sentirse amenazado por los “otros”, los extraños, los que no son como nosotros.

Igualmente el totalitario Laureano Gómez en 1939, cuando con “los Leopardos” de Manizales, creaba los ejércitos de Cristo Rey, usó el mismo lenguaje. Las consecuencias ya las sabemos y las sufrimos en el Tolima: la Violencia bipartidista de 1948.

Más recientemente, los paramilitares usando el mismo lenguaje de familia, patria y propiedad, prohibieron en los pueblos de la costa que en los colegios y escuelas se leyera o enseñara a Platón y que las niñas y adolescentes no podían usar minifaldas, menos el que se pudiera ser homosexual, lesbiana o transgénero.

Visto así, no se trató de una esporádica protesta social y civil contra el señor Jaramillo Martínez, su craso error administrativo (corregible y sancionable por la justicia administrativa) y su camarilla política.

Se trató de transmitir certeramente, en cuerpo ajeno, un mensaje: que los valores y creencias de los políticos bonanzistas que aun añoran el artículo 46 de la Constitución de 1886, están para quedarse en el colectivo, en las masas o en el pueblo, así llevemos casi tres décadas de Estado Social y de Derecho, de ser un Estado Laico, que sea legal el matrimonio homosexual o que hallamos firmado un Acuerdo por una Paz Estable y Duradera con la exguerrilla de las Farc- EP, hoy partido político cuyos miembros están bajo amenaza de un nuevo “Baile Rojo”.

Si el deseo de la ultraderecha religiosa es tomarse el poder en Ibagué, ya que en el Tolima, en Medellín y en Antioquia lo van perdiendo, quienes primero sufrirán las consecuencias serán los mismos periodistas – sean estos empresarios o simples carga ladrillos – dado que al fascismo intolerante solo le interesan los valores éticos de la muerta Constitución de 1886 y dentro de estos, no están precisamente la libertad de prensa ni menos la libertad de protestar, como sí se pudo hacer 24 horas antes del día del periodista en Ibagué.

Al garete: ¿Si en vez del señor Jaramillo Martínez, sus diletantes políticas y su socialismo que no aplica cabalmente, el, la o lx alcaldesx de Ibagué fuera un homosexual, lesbiana o transgénero que además de ateo no posea familia dado que no cree en el sexo para reproducirse ni para seguir contaminando el planeta, y fuera de eso se hubiese equivocado en un cobro administrativo que aún no se cobra, cuál hubiese sido la justificación y el mensaje de los protestantes y sus prohijados políticos bonanzistas? Los periodistas de entonces y Laureano Gómez, atesoraban todas las formas de lucha, incluso el atentado personal para no perder familia, patria y propiedad.

Luis Orlando Ávila Hernández, ingeniero agrónomo, propietario de la extienda Cultural La Guacharaca.

2 comments

  1. Juancho Díaz

    Tanto puto enredo para decir que tanto Jaramillo como los periodistas obedecen a conveniencias políticas y económicas… Que pereza papá…

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