Magistrados a indagatoria

aguja Sanabria

Rafael Aguja

¿De qué los acusa la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por intermedio del honorable representante Constantino Rodríguez Calvo? De prevaricadores. ¿Por qué? Por haber consignado, luego del correspondiente estudio constitucional y legal, en sentencia de obligatorio cumplimiento que las millonarias pensiones de exmagistrados de las altas cortes y de excongresistas tenían límite de quince salarios mínimos legales mensuales en la ley. Ese es el “terrible” delito imputado, en tan singulares circunstancias, a los magistrados de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt y Luis Guillermo Guerrero y a los conjueces de la misma entidad Alejandro Vanegas, Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao.

Mientras tanto, el honorable representante Constantino Rodríguez Calvo no se da por enterado siquiera que en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, de la cual él hace parte, aparece relacionado un personaje en más de centenar y medio de denuncias de distinta procedencia, por hechos que, de una u otra forma tienen que ver con una “empresa” cuyo propósito no era otro que el de eternizarlo en el poder por distintos medios discordantes con el ordenamiento constitucional y legal vigente, pasando por alto recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre la estructura de poder denominada empresa criminal, como aparece en la sentencia de casación penal de 12 de febrero de 2.014 proferida dentro del Proceso No. 40.214 y la Sentencia C-107 de 2.013 de la Corte Constitucional.

El silencio y la inactividad procesal del honorable representante Constantino Rodríguez Calvo, respecto del citado personaje, por todos conocido, constituyen delito de prevaricato por omisión, conforme con el art. 414 del Código Penal.

¿Ha incurrido, entonces, el honorable representante Constantino Rodríguez Calvo el delito de prevaricato por omisión, al igual que sus colegas de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes?. Es posible que sí, pero la respuesta definitiva de este interrogante la tiene que dar la Corte Suprema de Justicia en cuanto que, conforme con el art. 235-3 de la Constitución Política, tiene entre sus atribuciones la de investigar y juzgar a los miembros del Congreso Nacional.

El caso del honorable representante Constantino Rodríguez Calvo parece ser un típico caso del absurdo sistematizado por el filósofo franco argelino Albert Camus o, como dicen los campesinos del plan del Tolima, un caso de pájaro tirándole a la escopeta.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.