Más de cuatro mil millones de pesos se perdieron en hospital veterinario de la UT

Así lo determinó la Contraloría del Tolima.

En el concepto del análisis efectuado por la Contraloría Departamental del Tolima encontró que la ejecución de la obra fue ineficaz, ineficiente y antieconómica generando un detrimento patrimonial de los dineros del Estado por un valor de 4.062.737.333.11 millones de pesos cifra que contiene el valor de los diseños e interventorías, cuatro años después las obras nos han producido un beneficio social a los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia y la comunidad, sin embargo al contratista, responsable de la ejecución de la obra (Consorcio Tolima CLB 2014) la entidad estatal, le giró la suma de $3.521 millones a través del anticipo y el pago de dos actas parciales.

Dentro de los hallazgos encontrados se evidenció la falta de planeación en el proceso desde el inicio de los estudios previos para el año 2012, falta de evaluación, seguimiento y control por parte de la interventoría al aprobar dos actas parciales sin que las mismas se encontrarán debidamente soportadas por un valor de 1.696.144.483 millones de pesos sobre la ejecución del contrato, la calidad del producto entregado se hallaron falencias en la construcción de muros, recubrimientos, irregularidades en la vigas de amarre de los muros del ascensor, fisuras en elementos estructurales, el incumplimiento de los elementos técnicos del proceso contractual.

Así mismo, no se tomaron medidas para hacer efectivas las multas a que habría lugar permitiendo que el contrato prorrogue el plazo y se haya suspendido en repetidas ocasiones, logrando solo el avance del 44 % de la obra a la fecha del proceso auditor el plazo se encuentra vencido sin que se hubiese finalizado la ejecución total de la obra.

Además, la Universidad del Tolima no le exigió al contratista el pago del 5 % del valor del contrato para el cobro y pago de impuestos de la seguridad ciudadana conforme lo establece la Ley 1106 del 2006 prorrogado por la Ley 1430 del 2010 el cumplimiento de los fines del Estado por valor de 173.952.769 millones.

Una vez se surtan las actividades del proceso auditor se trasladarán a las instancias pertinentes (Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación) de acuerdo a lo anterior para los fines pertinentes, análisis y competencias de cada entidad.

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