Otra justificación más para los diálogos de paz

Paz en Colombia

Análisis. Dicen algunos politólogos y algunos altos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas que cuando los gobiernos, cualquiera sea su orientación política, aplican políticas de exclusión y usan la fuerza contra quienes expresan oposición a sus propósitos, a la vez cierran los espacios para la democracia y la convivencia y abren espacios de toda especie para los fundamentalismos y el terrorismo.

Señalan, por ejemplo, los casos actuales de Siria y de Irak, países donde opera ya despiadada y depredadoramente el denominado Califato del Estado Islámico que, en su práctica diaria, en procura de la creación de un imperio teológico de nuevo cuño, va más allá de los fundamentalismos anteriores de Al Qaeda y compañía.

Planteado lo anterior no podemos pasar por alto lo sucedido en la historia inmediata en nuestro país durante los ochos años de la denominada “seguridad democrática” encabezada por una persona afectada del síndrome de Hybris, de cuyas consecuencias aún no nos reponemos.

Contrariando lo anterior, desde el punto de vista histórico, el presidente Santos logró establecer contra viento y marea los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana entre el gobierno nacional y la insurgencia armada, política y militar encarnada en las Farc, decisión que calificamos de acertada y políticamente conveniente, en cuanto se procura con la misma la desactivación total y definitiva del conflicto armado interno, con lo cual, necesariamente, se abrirán espacios para la realización y efectividad de la democracia en todos sus aspectos y a todo nivel, dando entidad a una nueva realidad política, constitucional, institucional y legal, con la cual por su desarrollo dialectico será mejor de todo lo realizado y acontecido hasta el momento.

Si bien algunos políticos, al igual que muchos de los militares en buen retiro, se quedaron anclados en la doctrina de la seguridad nacional, en la política de la exclusión, del anticomunismo de la guerra sucia en su máxima expresión del macartismo y en la justificación de la violación de los derechos humanos, así como en el estancamiento social y político, lo cierto es que estamos ante una nueva realidad política cuya meta es la paz, la democracia, la convivencia y, como si fuera poco, la supervivencia del Estado colombiano como país libre, independiente y soberano, situación que no puede ser desconocida, ignorada o pasada por alto, entre otras razones porque nos llevará a una nueva forma de administrar justicia dentro del marco jurídico para la paz, bajo la denominación de justicia transicional.

La tarea es grande, de proporciones aun no dimensionadas, pero no imposible de realizar y de ser llevada a cabo, independientemente de quienes, de una u otra manera, manifiestan sus discrepancias, las cuales podrían ser atendidas, si a la vez ofrecieran alternativas mejores y más eficaces para la salud de la patria.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.