Por retrasos, Gobierno pide caducidad a contrato del túnel de La Línea

Túnel de La Línea

Obras se paralizaron en marzo. Se ha girado al contratista el 98 % del valor total del proyecto.

El túnel de La Línea, el anhelado proyecto de infraestructura del que se viene hablando desde 1926, y que recortaría los tiempos de viaje entre el centro y el occidente del país, está frente a un nuevo desafío.

Después de un minucioso seguimiento a los avances de la obra, que se inició en julio del 2009, y de comprobar que los indicadores de cumplimiento prácticamente no se movieron en los últimos seis meses, un informe de interventoría pidió iniciar el proceso de caducidad del contrato de construcción que el Gobierno acató.

Según se conoció, el consorcio Unión Temporal Segundo Centenario, liderado por el reconocido ingeniero Carlos Collins, fue notificado de la decisión el viernes, mediante un expediente del Instituto Nacional de Vías (Invías) basado en los reportes de la firma interventora (Consorcio DIS S. A.-EDL Ltda.).

De acuerdo con estos últimos, las razones que sustentan la medida son tres: la primera radica en que, como se mencionó, las obras se paralizaron desde marzo, por lo que su terminación no está garantizada para noviembre, cuando se vence el contrato. Incluso, bajo las condiciones financieras y operativas actuales, el ejecutor tampoco estaría en capacidad de cumplir si se le otorgara un plazo adicional.

La segunda causa es que, aunque el contratante (la Nación) ha cumplido con lo pactado en cuanto al flujo de fondos, no ha sido retribuido por el contratista con el cumplimiento de los hitos acordados.

La tercera razón es que iniciar un proceso de caducidad le permite al Gobierno establecer con certeza las posibilidades de cumplir con el objetivo de finalizar las obras.

Los reportes de interventoría dan testimonio de que en los tres frentes de obra del proyecto, avaluado en 629.000 millones de pesos, hay indicadores que revelan que las obras no estarán listas a finales de noviembre, por más que se pise el acelerador. Por ejemplo, en el túnel (que tiene 8,6 kilómetros de longitud y está ubicado en la parte más pendiente del tramo Cajamarca-Calarcá), el atraso más significativo tiene que ver con el revestimiento, uno de los temas que generan más conflicto entre las partes.

Para marzo, la meta era tener el 20 por ciento del total, y el nivel mostrado fue del 12 por ciento. Y al corte de julio, cuando el objetivo era tener listo el 50 por ciento, la ejecución apenas había subido dos puntos, hasta el 14 por ciento.

Entre tanto, en el módulo dos, correspondiente a la zona del departamento del Tolima, el objetivo para julio era alcanzar el 90 por ciento de las obras a cielo abierto, pero el porcentaje de ejecución fue de 73,15. En marzo se había logrado el 73,7 por ciento de ejecución, pero la interventora castigó unas obras de mala calidad y el indicador bajó. Así mismo, la construcción de puentes y túneles tuvo un resultado del 52,5 por ciento en julio, frente a una meta del 75.

En cuanto a la jurisdicción del Quindío, o módulo tres, en las obras a cielo abierto el porcentaje de cumplimiento en julio fue del 76,2 por ciento, frente a una meta del 90, mientras que en puentes, túneles y segundas calzadas el indicador cerró en 60,6 por ciento, cuando la meta era del 75. En marzo, el cumplimiento del primer indicador fue del 74 por ciento sobre 80 y el segundo cerró en 60, que era el objetivo.

Hubo prórrogas

Aunque la modalidad del contrato para la construcción del túnel de La Línea es la de precio global fijo, en la que el ejecutor se compromete a hacer unas obras por un valor y en un tiempo determinados, durante su ejecución surgieron situaciones que llevaron al Gobierno a conceder prórrogas.

Por ejemplo, el periodo invernal del 2010 y el 2011 –correspondiente al fenómeno de la Niña–, que hizo inestable el terreno, mereció una prórroga de 12 meses. El contrato, adjudicado en abril del 2009, debía terminar el 30 de abril del 2013.

El contratista ha argumentado que no es responsable de las suspensiones ordenadas por las autoridades ambientales, pero la interventora sostiene que sí, por haber incumplido disposiciones en este campo.

Otro factor de atraso que podría atribuírsele al consorcio es que modificó sus propios diseños originales, para incluir más viaductos y túneles, lo que además habría encarecido las obras.

Actualmente se adelanta un estudio para establecer el costo de las obras pendientes, que eventualmente podría ser cubierto con los cerca de 200.000 millones de pesos que contemplan las pólizas de seguros.

Según las estimaciones preliminares, el proceso de caducidad puede durar entre 45 y 60 días. Fuentes consultadas explicaron que, luego de notificar al contratista, se debe convocar una audiencia pública de descargos 15 días hábiles después, para que aquel dé las explicaciones del caso.

El contratista puede contraargumentar y manifestar que el Invías está equivocado. Al final, será el área jurídica del Instituto la que determine el paso por seguir, con base en los argumentos de la interventora, los suyos y lo que digan los abogados del consorcio.

Según las fuentes consultadas, el contratista podría seguir si acredita que tiene el dinero disponible con destinación específica, en caja o en una fiducia, por ejemplo, y demuestra la estructura operativa para cumplir en un nuevo plazo que eventualmente se le daría (no hay forma de que lo logre en las circunstancias actuales).

Las otras salidas son una licitación por las obras que faltan (previa ejecución de la caducidad) o una posible cesión a un tercero interesado.

Túnel de La Línea

Túnel de La Línea

Riesgo de demanda

A comienzos de este mes,el contratista Carlos Collins le aseguró al diario ‘Portafolio’ que demandará al Estado si se declara la caducidad del contrato. “El 30 de noviembre espero terminar la excavación del túnel. Estoy pidiendo cinco meses más para hacer el revestimiento y concluir las obras a cielo abierto”, dijo.

El Gobierno ya le ha girado el 98 por ciento del valor total de la obra.

Tipo de concreto, asunto neurálgico

Un aspecto polémico entre las partes tiene que ver con el tipo de material para ‘forrar’ el túnel, técnicamente conocido como el revestimiento.

Luego de que un informe de la interventora –aceptado por el contratista– mostró que por un mayor riesgo geológico era necesario usar concreto hidráulico (evita filtraciones y garantiza la estabilidad de la estructura), el 27 de septiembre del 2013 el Invías y la Unión Temporal Segundo Centenario firmaron un acuerdo en este sentido, fijando 12 meses para realizar las obras, lapso que finaliza en noviembre.

Sin embargo, al argumentar que sus costos fueron proyectados utilizando concreto lanzado (es más económico), el contratista convocó un tribunal de arbitramento para resolver las diferencias de costo luego de un peritaje técnico, proceso que puede finalizar con una decisión que obligue al Invías a girar un monto adicional. Pero aunque el contrato le da al consorcio el derecho a reclamar y fija los mecanismos para hacerlo, el argumento del Invías, según los reportes, es que el contrato también señala, de forma clara, que la obra no se puede parar mientras se dirime el conflicto.

Con información de: diario El Tiempo.