Proceso de Carlos Alvarado no ha sido archivado

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Carlos Alvarado

El Nuevo Día, Q’hubo, y otras publicaciones que amplifican el material de otros, presentándolo como propio, informaron sobre la millonaria demanda que el dueño de la cadena Mercacentro, interpuso contra el Estado por la privación de su libertad, en el año 2010.

Pero los abogados del comerciante Carlos Alvarado, incurrieron en una inexactitud: la investigación penal que elevaran contra Alvarado y varios de sus hermanos, no ha sido archivada, ni precluida; solo está cobijada con un auto inhibitorio, lo cual no quiere decir que el asunto haya hecho tránsito a cosa juzgada, con lo que sí se podría decir que el asunto, por lo menos en términos penales, haya llegado a su fin.

La última decisión del caso, fue proferida por la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el inhibitorio emanado por la Fiscalía 35 de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos.

Con ello, existe el peligro de que si aparecen nuevas pruebas o testimonios, el proceso pueda ser reabierto. Si en el proceso original, que motivó la captura de Alvarado, la confiscación de su patrimonio y el tremendo escarnio público al que fue sometido, se cometieron irregularidades y falsedades (ver anexo), ¿qué impediría que alguien empeñado en destruir el emporio de Mercacentro o a su fundador vuelva a engañar a la Fiscalía?

Además, el sumario se adelanta bajo los lineamientos de la ley 600, el anterior sistema penal, donde se sabe que los fiscales tienen más amplio margen de maniobra, y no así en el Sistema Acusatorio, donde se afirma que es más garantista para el procesado y “se investiga para capturar”, y “no se captura para investigar”, como sucedía, y sucede, en la ley 600.

La revista Cofradía, en una de sus últimas apariciones impresas, se ocupó de analizar la forma en que con testimonios dudosos y falsedad flagrantes, llevaron a Carlos Alvarado a la cárcel:

“La Revista Cofradía tuvo acceso a la decisión de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la que el fiscal Luis Alfonso Triana Castiblanco dejó sin sustento jurídico la medida de aseguramiento impuesta en primera instancia contra Carlos Alvarado Parra, propietario de la cadena Mercacentro, al igual que sus hermanos Jaime y Gerardo Alvarado, y ocho personas más, acusados unos, de ocultar bienes y manejar dineros de las Farc y otros, del narcotraficante alias ‘El Socio’.

De entrada, el fiscal crítica los testimonios de los desmovilizados de las Farc Miller García Vanegas, Robinson Mosquera Bohada y José Alcibíades Orozco Tabares, de quien se dice no llegaron al proceso a declarar de manera desinteresada, sino motivados por beneficios de índole económico, como aspirar a recibir parte de los bienes incautados a los acusados.

Así mismo, califica el fiscal Alfonso Triana, como de mucha ligereza, el dictamen de peritos contables que examinaron sólo las declaraciones de renta de la familia Alvarado Parra desde 1990 hasta el 2008, detallando un presunto incremento patrimonial, cuando debió analizarse en su conjunto todo el flujo contable y las actividades comerciales de los afectados. A ese tenor se señala “existió un apresuramiento en los análisis contables realizados sin el conocimiento de los afectados, quienes bien pudieron haber aclarado las dudas, en el entendido que, si hubieran sido informados oportunamente de la investigación, hubiesen dado las explicaciones pertinentes”.

Señala la Fiscalía, al referirse a la capacidad económica de los sindicados “Obsérvese cómo los indicios de responsabilidad, se fundamentan en presunciones y sospechas, amén del dictamen pericial, razonamientos que no pueden servir de base para privar de la libertad a un ciudadano. Estas son situaciones que merecen ser comprobadas, no simplemente intuidas en contra de lo que sí es válido, universalmente en Derecho”.

Con falsedad incriminaron a Jaime Alvarado

La Fiscalía hace ver que en un informe de inteligencia enviado por el Teniente de Navío Jidselin Cañón Pinilla el 08 de mayo de 2010 a la Fiscalía 35, se pudo haber cometido una presunta falsedad de documentos, perjudicando a Jaime Alvarado Parra. El documento original firmado por ese oficial de la Armada, no contiene un párrafo donde se habla de la cercanía del señor Alvarado con el Comando Conjunto Central de las Farc y su cabecilla ‘Jerónimo Galeano’. El oficio apareció en el sumario con esa información añadida, y por ello la Fiscalía compulsa copias para que se investigue lo que en realidad ocurrió con la remisión de esa prueba obrante en el investigativo”.