Procuraduría recomendó a alcaldes del país no hacer consultas populares para explotación minera

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Consulta popular

La Procuraduría General de la Nación recomendó a los mandatarios de ocho municipios del país no realizar el proceso de consulta popular para decidir si se prohíben las actividades de extracción de recursos naturales no renovables, por ser esta una actividad que le compete adelantar exclusivamente al presidente de la República.   

El pronunciamiento surge en el marco de un acompañamiento preventivo al proceso de consulta a la ciudadanía que pretenden realizar los municipios de Tauramena, Monterrey, Recetor, Nunchía, Paz de Ariporo, Aguazul, Hato Corozal y Yopal, todos en el departamento de Casanare.

Advierte el Ministerio Público que en este caso en particular, la consulta involucra los recursos naturales no renovables. De acuerdo con las normas vigentes estos son de propiedad del Estado a quien le corresponde planificar su manejo y aprovechamiento. Por lo tanto, “solamente sería competente para convocar una consulta popular, que tenga origen en la Rama Ejecutiva del poder público y que involucre el aprovechamiento de recursos naturales no renovables, el presidente de la República”.

No obstante, esto no significa que las autoridades locales no puedan exigir al Gobierno Nacional que el manejo, aprovechamiento y fiscalización a las actividades extractivas se adelante de manera eficiente y transparente, teniendo en consideración las particulares circunstancias sociales, económicas y ambientales de sus territorios.

En consecuencia, en este caso en particular los mandatarios locales carecerían de esta competencia, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución.

Por todo lo anterior, el órgano de control recomendó que en aras de preservar el ordenamiento constitucional y legal, se “verifique la pertinencia jurídica de eventualmente proferir un acto administrativo en el que se prohíban las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables en esa localidad, o que por parte del Concejo Municipal se expida un acuerdo en ese mismo sentido (…)”.

Alcalde de Piedras en la mira

Esta situación complicaría la situación del alcalde de Piedras (Tolima) Arquimedes Ávila, a quien posiblemente la Procuraduría Provincial le abriría una indagación preliminar por citar, el 28 de junio de 2013, a una consulta popular para determinar si los pobladores estaban de acuerdo con la minería a gran escala en la región.

Ese día por abrumadora mayoría la comunidad le dijo ‘NO’  a cualquier proyecto minero. Según se estableció, el Grupo Asesor en Minas e Hidrocarburos del Ministerio Público y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa determinarían si hubo faltas disciplinarias por parte de las autoridades de Piedras.

La consulta popular en Piedras fue citada por el alcalde Arquímedes Ávila Rondón a quien, el Ministerio Público le recordó que el Código de Minas de 2001 prohíbe a las autoridades regionales establecer zonas que queden excluidas de minería.

Esa Ley fue reglamentada por del Decreto 0934 de 2013 (actualmente demandando ante el Consejo de Estado) que, señala que esa delimitación solo la pueden hacer autoridades mineras y ambientales y no los Concejos y las Asambleas departamentales pues estarían excediendo sus competencias.

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