Procuraduría respondió al alcalde de Cajamarca, sobre viabilidad de consulta popular

Consulta popular

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Una comunicación que el alcalde de Cajamarca Evelio Gómez había enviado a la Procuraduría, solicitando su concepto acerca de la viabilidad de las consultas para temas mineros, fue respondida en las últimas horas por el ministerio Público, a través del Procurador Ambiental y Agrario, Ernesto Cardoso.

La respuesta escrita, fue leída por el mismo Procurador durante la sesión del Concejo realizada ayer miércoles Cajamarca y a la cual había sido invitado el funcionario del ente disciplinario junto con el director de Cortolima, quien no asistió.

“Sólo el Gobierno Nacional, representado en el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, tiene la competencia exclusiva para excluir del territorio municipal o departamental zonas para la actividad minera”. De esa manera clara y contundente, el Procurador sintetizó la respuesta al alcalde y de paso a los concejales de la población.

Cardoso sentenció que no se puede ilusionar a una comunidad en un tema tan vital, diciendo verdades a medias. “Es mejor decir las cosas con claridad, así no gusten o sean impopulares; pero es mejor la franqueza total que una verdad a medias porque termina siendo una mentira completa y no es responsable cuando la comunidad tiene tantas expectativas”, refiriéndose a la ambigüedad de la pregunta que ha sido propuesta por un grupo de personas.

Pero el representante del ente de control fue más allá. Al referirse a las apreciaciones del abogado del consultor de la universidad de Los Andes, César Rodríguez, quien fue invitado por el gobierno departamental para convencer a alcaldes y concejales que la consulta sí se puede realizar, manifestó que este ¨miente de manera bastante irresponsable al afirmar que la Procuraduría había cambiado de posición frente al tema de las consultas, eso no es cierto, eso es falso”; indicó en tono enérgico.

El representante del Ministerio Público dijo, en la sesión plenaria del cabildo de Cajamarca, que ya es hora que la Gobernación del Tolima y toda la institucionalidad del departamento contrate un estudio de impacto ambiental serio, “del más alto nivel técnico y científico que permita confrontar el estudio de impacto que presente AngloGold Ashanti al Ministerio de Ambiente. Ese estudio vale 5 mil millones de pesos y la plata la puede conseguir el gobierno seccional a través de una Ocad”; sugirió Cardoso.