A propósito de la pena de muerte y cadena perpetua en Colombia, sugeridas por un General de la República

Roby Andrés Melo

Roby Andrés Melo

La pena de muerte y la cadena perpetua son llamadas también como penas “únicas” o “fijas”.

En nuestro país, a partir de la Constitución de 1886, la única referencia histórica de pena de muerte es la establecida en el Código Penal de 1890, que se abolió con el Acto Legislativo No. 3 de 1910. Los Códigos Penales de 1936 y 1980 nunca establecieron penas únicas o fijas. En Colombia desde aquella Carta del Siglo XIX no ha existido la cadena perpetua.

En nuestra legislación no puede implementarse la pena de muerte o la cadena perpetua porque la Constitución Política de 1991 y el llamado “Bloque de Constitucionalidad” -que son los tratados e instrumentos internacionales a los que está sujeto el Estado Colombiano y hacen parte integral de la Constitución-  lo impiden, ya que en sus textos se consagra que la vida es un derecho inviolable, prohibiendo la pena de muerte y la cadena perpetua.

El establecimiento de esa clase penas en nuestro territorio, implicaría el desconocimiento, entre muchos otros, de los siguientes principios:

Dignidad humana: porque trata a los condenados no como seres individuales, sino como una cosa, un instrumento para la consecución de los fines del Estado. La dignidad humana en el establecimiento de las penas no solamente se vulnera cuando estas son crueles, inhumanas o degradantes, sino también cuando no resultan ajustadas a una concepción humanística.

Proporcionalidad e igualdad frente a la ley: porque la sanción que se imponga a un ciudadano por la comisión de un delito debe corresponder directamente al grado de su culpabilidad, a la mayor o menor gravedad del comportamiento y al daño que se cause, haciendo honor al adagio popular: “dar a cada quien lo que le corresponde”. Por ello, si las penas no son proporcionadas al delito, se vulnera también el principio de igualdad material frente a la ley penal, porque conductas diferentes, reciben la misma pena, siendo unas más graves que otras.

Si la pena de muerte se establece para algunos delitos, quien resuelva ir en contra del precepto penal que es conminado con la pena capital, a sabiendas que ese será su castigo, intentará realizar el mayor daño posible, o no tendrá consideración en vulnerar la norma una y otra vez, porque siempre recibirá la misma sanción. En lo que tiene que ver con la pena de cadena perpetua, la misma es desproporcionada porque tendrá una mayor duración sobre los condenados de corta edad, en relación con las personas mayores.

Autonomía judicial: porque en los delitos de pena única se establece una fijación legislativa de la sanción, usurpando la función judicial que le corresponde por principio de reserva a los jueces de la República en virtud del artículo 116 de la Carta Política, conforme al cual, solo las autoridades investidas de jurisdicción pueden administrar justicia. Si los jueces han sido establecidos para juzgar delitos e imponer las consecuencias jurídicas de los comportamientos, son ellos, y no el legislativo quien debe individualizar las penas en las sentencias.

Individualización y razonabilidad de la pena: porque si la sanción es la respuesta que debe dar el Estado al delito a través de los jueces de forma motivada, en atención a la gravedad de la conducta punible, al grado de culpabilidad y a la finalidad que se busca con la imposición de la sanción, ello no puede cumplirse al fijarse penas únicas porque todas las reglas de dosimetría punitiva resultan inaplicables (arts. 59 a 61, C.P). Y no solo eso, sino que impiden el reconocimiento de rebajas punitivas que tienen establecidas figuras como la tentativa y la complicidad, entre otras. Todas estas instituciones contempladas en la ley penal (art. 27 y 30 inc. 3°) y que establecen una rebaja de pena que se aplica tanto al mínimo como máximo de la sanción del tipo respectivo, en proporciones distintas. Así las cosas: ¿Cómo aplicar esas rebajas cuando el delito tiene una pena única (muerte o cadena perpetua), es decir, no tiene mínimo ni máximo?

Prevención especial como fin primordial de la pena: si se tiene en cuenta que de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969 (art. 5.3 y 5.6), que fuera aprobada en nuestro país por la Ley 16 de 1972, el fin de la pena privativa de la libertad en Colombia es la “reforma y readaptación de los condenados”. Es decir, la pena no es una herramienta de venganza o de castigo ejemplarizante para quienes cometen delitos; sí tiene un componente retributivo, pero esa no es su esencia (C-565/93 y C-261/96).

Frente a este punto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene sancionando a los Estados que incumplen con los compromisos internacionales de no permitir la “resocialización” de los delincuentes (Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, fallo del 30 de mayo de 1999; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de junio de 2002; Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2004, entre otros).

Finalmente, no se puede dejar de mencionar que la cadena perpetua en la mayoría de Estados en donde se encuentra implementada no contempla la privación de la libertad hasta el fallecimiento del condenado, por los gastos económicos que implican la vejez de las personas, por lo que después de un tiempo prudencial terminan concediendo libertades bajo palabra (en nuestro medio: libertades condicionales).

Debe tenerse en cuenta que las penas de muerte o de cadena perpetua, que se han solicitado para los responsables de los homicidios de los niños en el departamento del Caquetá, en el hipotético caso de implementarse, no resultarían aplicables a ese asunto en virtud del principio de legalidad, por cuanto no se encontraban vigentes al momento de la comisión de las conductas.

Para sorpresa de muchos: en Colombia ya existe la cadena perpetua disfrazada en la ley. El establecimiento de penas de 50 y 60 años sin ninguna clase de rebaja, implica en la práctica una muerte segura en prisión.

El país no necesita un populismo punitivo impulsado por los medios de comunicación, sino recursos para poner a trabajar como se debe, el actual sistema penal y penitenciario.

Señor General: la ciudadanía requiere su atención en temas como la vigilancia y seguridad, no en asuntos de política criminal.

Por: Roby Andrés Melo Arias, Abogado Magíster en Derecho Penal Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Especialista en Derecho Probatorio, profesor universitario de Derecho Penal.