Rápido Tolima en jaque

Rápido Tolima

Los 15 muertos y más de 100 heridos que dejan los accidentes de Rápido Tolima, tienen a esta empresa a punto de perder la habilitación para el transporte de pasajeros.

La Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó la cancelación de la habilitación para operar sus rutas nacionales por irregularidades técnicas, de seguridad y otras relacionadas con las condiciones de operación.

El fallo es de primera instancia y puede ser apelado, pero si queda en firme, Rápido Tolima deberá abandonar el transporte de pasajeros.

En abril de 2011, Rápido Tolima S.A. fue sometida a control por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que es el máximo grado de vigilancia de esta entidad, debido a hallazgos administrativos, contables y financieros.

Tiene siete investigaciones administrativas adicionales, todas ya con fallos en firme, tres de las cuales fueron sancionadas con multas económicas por más de $20 millones, entre otras, por la no entrega de información, abandono de rutas, tener tarjetas de operación vencidas y por los accidentes en los que están involucrados vehículos de la empresa.

También han sido tramitadas en la Superintendencia investigaciones por Informes Únicos de Infracciones al Transporte (UITS) cometidos por buses afiliados a la empresa, que fueron remitidos por la Policía de Tránsito y que suman multas por más de $270 millones.

El historial del que habla el fallo de la Supertransporte hace referencia a los más de 12 accidentes presentados desde abril del año pasado, que dejaron más de un centenar de heridos y al menos 15 víctimas fatales, además de los lesionados por el accidente en abril de este año en la vía Honda – Puerto Boyacá y que provocó esta última decisión de la Superintendencia, en el que resultaron heridos 13 pasajeros y murió el conductor del bus cuando su hijo menor de edad manejaba el vehículo. (Vea la cronología de muertes de 2014).

Los cargos investigados consistieron en que presuntamente Rápido Tolima no ejerce los controles adecuados y suficientes que impidan que menores de edad conduzcan los vehículos vinculados a la empresa o permite dicha actividad y que al parecer no adopta mecanismos necesarios para garantizar que en trayectos de más de ocho horas, la conducción de los vehículos sea ejercida al menos por dos conductores.

“Para la Superintendencia es de vital importancia tomar las medidas necesarias para asegurar que el transporte público sea prestado con calidad y que las vidas de las personas no se pongan en riesgo por faltas reiteradas cometidas por las empresas”, aseguró el superintendente Juan Miguel Durán.