Redada contra la comercialización ilegal de madera en Tolima

Imagen de referencia.

Imputados tres policías, un funcionario de la Alcaldía de Melgar (Tolima) y seis particulares.

10 personas están siendo investigadas por la tala, transporte y comercialización de bosque nativo sin ninguna clase de permiso en los municipios de Villarrica y Cunday (Tolima), para posteriormente comercializarlo en Carmen de Apicalá y Girardot (Cundinamarca).

Por los delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, falsedad material en documento público, peculado por uso y daño en los recursos naturales, la Fiscalía le imputó cargos a 10 personas, entre ellas tres policías activos y un funcionario de la Alcaldía de Melgar (Tolima), lo cuales cometieron supuestamente al servicio de una organización delincuencial dedicada a la tala indiscriminada, transporte y comercialización de madera de varias especies de bosque natural en Tolima.

Los procesados fueron detenidos este lunes en cumplimiento a órdenes judiciales que fueron ejecutadas por miembros de la Dijín en los municipios de Villarrica, Carmen de Apicalá e Ibagué (Tolima), y en Girardot (Cundinamarca).

Los uniformados cobrarían entre $150.000 y $300.000 para permitir el paso del cargamento ilegal, sin los permisos exigidos por la autoridad ambiental como lo es Cortolima. La actividad ilícita la ejercen al parecer, desde el año 2017.

Todo esto se evidenció mediante la interceptación de líneas telefónicas de varios de los imputados, análisis link, y otras labores propias de policía judicial que dejaron en evidencia a los hoy detenidos.

La Fiscalía los vincula a 11 eventos jurídicamente relevantes en los cuales presuntamente pretendían transportar madera tipo nogal, caucho y caracolí, cuando fueron sorprendidos con varios cargamentos que llevarían hasta un depósito de madera en Villarrica, del cual es propietario Álvaro Díaz Moreno, considerado el líder la organización.

Los uniformados Jhon Javier Sánchez Mera, intendente jefe, y los patrulleros Elkin Fabián Flórez Méndez y Andrés Fernando Núñez Rodríguez, fueron señalados como las personas que en diferentes momentos permitieron el paso de los cargamentos luego de haber recibido dinero a cambio, pasando por alto su labor como funcionarios públicos.

Entretanto el funcionario de la Alcaldía de Melgar (Tolima), Albeiro Guzmán Patiño, fue el encargado, -según el ente acusador- de conducir en varias ocasiones los vehículos donde movilizaron el material renovable, a quien también se le imputó el delito de peculado por uso, al emplear un vehículo de la administración municipal a la que está adscrito para el transporte de 28 bloques de madera especie caracolí.

Ninguno aceptó los cargos imputados por el ente acusador y a esta hora la Fiscalía sustenta la medida de aseguramiento en su contra.

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