Redada nacional de organismos de control por irregularidades en la emergencia

El procurador Fernando Carrillo. Imagen: tomada de Twitter.

En Tolima hubo captura e imputación de alcaldes. También se ordenó la suspensión de la secretaria de Salud de la Gobernación.

El Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Florez abrió investigación disciplinaria contra el Gobernador del Tolima Ricardo Orozco por el contrato firmado con la empresa León Gráficas, para disfusión de un plan de medios del coronavirus; así mismo se ordena suspender dicho contrato.

La Procuraduría abrió investigación al Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, y a otros 11 funcionarios del departamento, por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y supervisión en siete contratos por aproximadamente $14.000 millones, para atender la emergencia derivada del covid-19.

La decisión también cobija a los secretarios General y de Apoyo a la Gestión, Santiago Barreto Triana; de Inclusión Social Poblacional, José Luciano Bolívar Torres; de Ambiente y Gestión del Riesgo, Fredy Torres Cerquera, y del Interior, Alexánder Tovar González, en sus calidades de miembros indelegables del comité de administración del Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento de Tolima, ante supuestas irregularidades en el control y vigilancia del objetivo del fondo”, dijo el órgano de control.

El jefe del Ministerio Público también suspendió a la secretaria de Salud del Tolima Alexandra Márquez Ramírez. La suspensión de la funicionaria es por tres meses.

Se ordenó la suspensión provisional por tres meses de la secretaria de Salud del departamento, Adriana Alexandra Márquez Ramírez, ordenadora del gasto y representante legal delegada para la contratación del fondo, ante la posibilidad de la reiteración de las presuntas faltas disciplinarias investigadas, entre ellas, supuestos sobrecostos y desatenciones a los principios de la contratación pública y la función administrativa”, se indicó.

Capturas e imputaciones

La Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el alcalde del Municipio de San Antonio Tolima Jorge Iván Vásquez Martínez por presuntos malos manejos de los recursos para atender la emergencia del Covid-19 en el departamento.

El propio Fiscal General Francisco Barbosa acaba de hacer el anuncio en rueda de prensa conjunta con el Procurador Fernando Carrillo y el Contralor Felipe Córdoba.

Este jueves se materializó la orden de captura contra el burgomaestre de Palocabildo Nelson Gómez y su secretario de Gobierno por supuestas irregularidades en la ejecución de un contrato a través de Fundación para atención también de Covid 19.

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional del alcalde de Palocabildo, Tolima, Nelson Gómez Velásquez, y del secretario General y de Gobierno, Juan Manuel Troncoso Villamizar, por supuestas irregularidades en la suscripción de un contrato por $72 millones sin cumplimiento de requisitos legales y presunta falsedad ideológica en documento público, para el acompañamiento de los planes de acción contra la contingencia del covid -19.

Se investigan las denuncias de la exsecretaria de Salud del municipio, Victoria Fernanda Suárez Pava, quien aseguró que pese a su negativa de aceptar ser la supervisora del contrato, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) apareció publicado el 21 de abril, un documento de fecha 1 de abril, donde figura que el original fue firmado por ella, hecho que la exfuncionaria niega. Además, para la supuesta fecha de la firma del contrato, este no contaba con disponibilidad presupuestal.

En todo el país:

Los municipios con vinculación formal en el ente acusador son:

Armenia, Quindio.
Malambo, Atlántico.
Cereté, Córdoba.
Socorro, Santander
Calarcá, Quindio.
San Pedro, Valle.
Guaduas, Cundinamarca.
Coveñas, Sucre.
Acacías, Meta.
Girón, Santander.
Sincelejo, Sucre.

La Fiscalía citó a interrogatorio a los gobernadores de San Andrés, Arauca y Guaviare. Además, hay indagaciones preliminares contra 14 mandatarios seccionales.

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