‘Romaña’ en Cuba, militares presos y militares víctimas

En el centro, alias 'Romaña'

En el centro, alias ‘Romaña’

La semana que termina fue rica en acontecimientos y en situaciones que, de una u otra manera, tienen incidencia en la vida nacional, como la presencia de Henry Castellanos en los diálogos de paz de La Habana sobre el conflicto armado interno, el reclamo del intelectual Plinio Apuleyo Mendoza por quince mil militares presos y la sentencia del honorable Consejo de Estado, con ponencia del magistrado tolimense Jaime Orlando Santofimio Gamboa, declarando a militares como víctimas de hechos llevados a cabo por la insurgencia armada, política y militar.

Romaña en cuba

La presencia del comandante guerrillero Henry Castellanos Garzón, mejor conocido con el alias de Romaña en los diálogos de paz que se desarrollan en la habana entre el gobierno nacional y la insurgencia armada, política y militar, ha causado malestar, por decir lo menos en distintos sectores de la sociedad colombiana, especialmente en la extrema derecha encabezada, dirigida y personalizada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la república en ejercicio.

La presencia de Romaña en La Habana no obedece a nada distinto que a la dinámica propia de los diálogos de paz, sin ninguna otra connotación y las objeciones del dirigente de la extrema derecha y de sus adeptos, están dirigidas, fundamentalmente, a torpedear dichos diálogos y, eventualmente a cuestionar sus resultados, poniendo de presente que no aceptan y, por tanto se abstienen de cumplir, con los mandatos de los arts. 22 y 95-6 de la constitución política, en cuanto que la paz es un derecho y una obligación y en cuanto que es deber y obligación de todo ciudadano propender “al logro y mantenimiento de la paz”.

La situación política en nuestro país, desafortunadamente, se polariza cada vez más entre los partidarios de la paz y los partidarios de la guerra, de la eliminación física del enemigo y de la instauración de un “régimen de fuerza” contrario a la democracia y al cumplimiento del marco jurídico para la paz que hoy hace parte de nuestro ordenamiento jurídico, conforme se dispuso en el acto legislativo no. 01 de 2.012, cuya constitucionalidad fue reconocida por la honorable corte constitucional en la sentencia c-579 de 2013.

Hoy, más que nunca, debemos los partidarios de la paz apoyar en este propósito al gobierno nacional, porque, por fin, en sesenta años, la paz es aclimatable en Colombia para bien de todos y porque cada día más la paz hace parte de la canasta familiar de todos los colombianos.

Militares presos

El intelectual e ideólogo político de la extrema derecha Plinio Apuleyo Mendoza se dolió, otra vez, en el diario El Tiempo, que actualmente en Colombia hay quince mil militares presos, según él, limitado por su entendimiento, “por obra de una fiscalía parcializada que anula para ellos la presunción de inocencia y termina convirtiendo operaciones de guerra que en cualquier parte del mundo son del resorte exclusivo de la justicia penal militar, en conductas violatorias del derecho internacional humanitario”.

No es la primera vez que Apuleyo Mendoza hace esta clase de afirmaciones, posiblemente se guía porque, en su entendimiento, en Colombia no existe conflicto armado interno y porque no acepta que el estamento militar, que hace parte de la estructura orgánica de nuestro país, está sujeto a la constitución y a la ley tal como se establece en el art. 6 de nuestra carta magna, en cuanto se señala que los servidores públicos, que también lo son los miembros de la fuerza pública responden por infringir el ordenamiento jurídico y, además, por “extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. soslaya a su vez que todos los miembros de la fuerza pública que están privados de libertad por extralimitación de sus funciones en desarrollo del conflicto armado interno son inocentes y que la culpabilidad que se les imputa no deviene de sus actos sino de la aplicación torticera que del ordenamiento jurídico vigente hace la fiscalía general de la nación, a lo cual hay que agregar que ningún proceso penal en Colombia se adelanta sin la vigilancia, en algunos casos extrema, del ministerio público que, para el caso nuestro, está encarnado en el procurador general de la nación, a quien, por ser partidario suyo desde ya lo absuelve o simplemente nos quiere presentar al doctor Alejandro Ordoñez Maldonado como un inepto, como un incapaz o como un temporizador de tamaña “injusticia”.

De otra parte, el señor Plinio Apuleyo Mendoza, en su obtusa concepción de la realidad nacional olvida la existencia de la entidad denominada defensoría militar, Demil, constituida en entidad en beneficio militares activos y retirados del ejército nacional, cuya finalidad es prestarles asistencia y defensa jurídica, procurando el respeto a sus derechos y garantías judiciales, para lo cual cuenta con el servicio de 190 abogados y 32 investigadores y con aportes del estado como lo hizo en su momento, precisamente, el régimen de la seguridad democrática.

Así que no se trata de desamparo jurídico de quienes siendo miembros de la fuerza pública se encuentran procesados, sino antes por el contrario, tienen un doble amparo, de un lado el proporcionado por la Procuraduría General de la Nación, y de otro lado, de la entidad sin ánimo de lucro, pero alimentada económicamente con aportes del estado, denominado defensoría militar, Demil.

En ocasiones, como en este caso, no resulta fácil engañar a la opinión pública, porque los hechos, la realidad y la verdad se imponen, así se trate de tergiversarlos.

Militares víctimas del conflicto armado interno

El honorable Consejo de Estado, con ponencia del magistrado tolimense Jaime Orlando Santofimio Gamboa, jurisprudencialmente precisó que los miembros de la fuerza pública que resulten afectados por los distintos actos de guerra de la insurgencia armada, política y militar, pueden ser catalogados como víctimas, con fundamento en el ordenamiento constitucional y legal vigentes en la actualidad y el derecho internacional humanitario, en desempeño de funciones militares o policiales propias del servicio.

Esto nos parece importante, primero porque se reafirma que en Colombia existe, efectivamente, un conflicto armado interno y que, como consecuencia, se desarrolla una guerra irregular que afecta a todo el estamento nacional, cuyas consecuencias no se pueden ocultar, porque se realizan actos de guerra del lado del estado legitimados por la legislación vigente y del lado de la insurgencia armada, política y militar, signados de completa y total ilegalidad.

Pero lo que sucedió con el caso concreto de tres soldados regulares muertos en la toma del Cerro de Patascoy por parte de la insurgencia armada, política y militar, conforme lo señala el Consejo de Estado, puede llevar a que se examine con detenimiento el planeamiento, realización y cumplimiento de las operaciones militares, porque puede darse el caso de situaciones irregulares que lleve a consecuencias como las que se concretaron en la indemnización millonaria a los parientes de los jóvenes reclutad muertos.

Esta nueva conceptualización necesariamente va a tener incidencia en los diálogos de paz que se desarrollan en la habana y desde ya se abrió el debate, porque se invocaron en la providencia citada, por parte del honorable consejo de estado normas del derecho internacional humanitario, además de lo dispuesto, sobre el particular, en el ordenamiento jurídico vigente, como la ley 1448 de 2.011.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario.