No sale este año fallo del suspendido personero de Ibagué Julián Prada

Julián Prada

Julián Prada

Segunda instancia demoraría hasta 2017.

Esto en razón a que el pasado primero de diciembre fue la última sala plena del Consejo de Estado, donde se decidiría si Julián Prada está inhabilitado para ejercer como personero de la ciudad, tal como lo señaló el Tribunal Administrativo del Tolima, en fallo de primera instancia.

Según lo conoció este medio, el proceso que tiene como ponente a la magistrada Lucy Janet Bermúdez, no fue discutido en la sala, y por lo tanto el fallo definitivo saldría hasta los primeros meses de 2017. Incluso, hay una posibilidad que la decisión se conozca antes de la vacancia judicial, prevista para el 19 de diciembre.

Es de anotar que en el proceso se han registrado actuaciones, memoriales y pedimentos que son considerados como maniobras dilatorias para aplazar la decisión y así permitir que el encargo del actual personero, juan Felipe Arbeláez, se alargue en el tiempo.

Julián Prada fue elegido en enero por el Concejo de Ibagué existiendo serias dudas sobre el concurso de méritos (que nunca llegó a liderar), en detrimento de otros profesionales que sí cumplían a idoneidad los requisitos exigidos.

Algunas voces y analistas jurídicos señalan que Julián Prada está inhabilitado por cuanto en 2015 fue beneficiado con contratos estatales que tenían como sitio de realización a Ibagué, algo que está prohibido por la ley, en cuanto se refiere a la elección de Personero. Concretamente se le reprocha haber recibido un contrato del Incoder.

Y fue otorgado el cinco de junio de 2015 por el director encargado de la regional Tolima del Incoder, Andrés Albornoz Ruiz, para que el abogado Julián Andrés Prada Betancourt “apoyara a la Dirección Regional Tolima y la coordinación en la proyección, desarrollo y recomendaciones de las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas de la Subgerencia de Tierras Rurales, para los procesos de formalización (Titulación de Baldíos, Adjudicación FNA, Procesos Agrarios)”.

Por ese contrato de asesoría, el 901, que se extendió hasta el 31 de diciembre pasado, el Incoder le pagó a Julián Prada la suma de 26 millones de pesos.

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