Siete años de cárcel para el exsecretario de infraestructura de la administración Luis H.

Jorge Alberto Pérez Ríos

Serían tres funcionarios los implicados en recibir ‘coimas’ en contrato de diseños de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Los tres exservidores públicos implicados en el caso de corrupción son: Jorge Pérez Díaz, exsecretario de Infraestructura del municipio; Leonardo Bastidas Maecha, abogado; y Jhon James Perdomo, administrador financiero.

Luego que el contratista Rigoberto Rugeles Bernal, delatara y entregara a la Fiscalía, evidencia material de la solicitud de ‘coimas’ por parte de los procesados. 

Como se sabe, el 25 de julio de 2013 la Alcaldía de Ibagué suscribió el contrato 1354 con Rigoberto Rugeles Bernal, a fin de que diseñara los estudios para intervenir el estadio, de cara a los Juegos Nacionales de 2015. Dicho contrato tuvo un costo de $568.982.668, con una duración de 90 días.

Pero en diciembre de ese mismo año, mediante otrosí, el contrato 1354 fue adicionado en su plazo de ejecución en 45 días y también adicionado su valor contractual, es decir, Rugeles Bernal recibió $242.701.500 más.

Es de anotar que el contrato de diseños del estadio no tuvo interventoría, contraviniendo las normas de contratación estatal y el supervisor de este contrato, fue el mismo secretario de Infraestructura de la época, Jorge Alberto Pérez Díaz.

Por su parte, la audiencia de preacuerdo se llevó a cabo ante la fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, donde aceptaron los cargos de: delito de concusión, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

De esta manera, el próximo 29 de junio se realizará la audiencia de lectura del fallo condenatorio contra los procesados. Se conoce que la pena solicitada por la Fiscalía para el exsecretario sería de siete años de prisión, multa de $117 millones, así como siete  años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Por su parte, para Perdomo la posible pena establecida en cuatro años y siete meses de prisión y  una multa de 41 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a unos 32 millones de pesos.

Finalmente, Bastidas sería sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel, una multa de $30.726.247 y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante tres años y 10 meses.

 

 

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