¿Sirven las elecciones populares? Parte I

aguja Sanabria

Rafael Aguja

Las elecciones populares, especialmente en nuestro país, tienen suma importancia porque con el voto, universal y secreto, de los ciudadanos se ratifica la institucionalidad del Estado colombiano y se confirma, una vez más, la legitimidad de sus autoridades.

¿Poca cosa? Puede ser. Pero no por ello puede desconocerse y pasarse por alto que el poder público en Colombia está integrado por tres ramas, que son: la legislativa, materializada en el Congreso Nacional Integrado por senadores y representantes elegidos directamente por los ciudadanos; la ejecutiva, representada verticalmente por el presidente de la república, los gobernadores de los departamentos y los alcaldes municipales, igualmente, elegidos directamente, por los ciudadanos; y, la judicial, integrada por magistrados, jueces y fiscales, en cuya elección y nombramiento no intervienen los ciudadanos con su voto.

De ahí que resulte necesario tener en cuenta que el ciudadano, por mandato constitucional, debe tomar parte en la vida política, cívica y comunitaria del país en general y de los entes territoriales en particular, haciendo uso de manera personal, voluntaria, libre, soberana y por convicción propia, de los mecanismos de participación democrática establecidos en el art. 103 de la Constitución Política y reglamentados en la Ley 134 de 1.994.

En estas condiciones, nadie, absolutamente nadie que haya nacido en Colombia o que, en realidad de verdad, se considere colombiano, puede ser ajeno a la suerte del país y, menos aún, cuando de su voto depende, de una u otra manera, la suerte de nuestra patria, como se pone de manifiesto en la campaña electoral que ya empezó y que debe culminar con la elección de senadores y representantes para la integración de un nuevo congreso nacional y de presidente de la república, dado que las conversaciones entre las Farc y el gobierno nacional para poner fin al conflicto armado interno debe culminar y de ésta eventualidad se desprenden situaciones que tienen que ver con la legitimación jurídica de los acuerdos a que se llegue y el desarrollo y aplicación de la justicia transicional, pero también deben resolverse problemas tan apremiantes como la reforma a la justicia, el rediseño de las funciones del procurador general de la nación o la eliminación, por innecesaria, de ésta institución, la aplicación de la acción penal contra todo ciudadano, independientemente del cargo que desempeñe, la eliminación del afrentoso “hacinamiento carcelario” y la adopción de un sistema penal con penas privativas de la libertad acorde con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad y acordes, además, con los principios de prevención general, retribución justa y reinserción social, cuando menos, sin que se dejen de lado la definición, de una vez por todas, de nuestras fronteras terrestres y marítimas, así como la defensa de los recursos naturales y la equitativa distribución de la riqueza nacional.

En consecuencia, las elecciones que se aproximan tienen una muy especial significación y la pregunta que, respetuosamente, nos hacemos es si los candidatos a senadores y representantes que ya se inscribieron son los adecuados, aptos y competentes, para emprender el estudio y solución de los problemas de la vida nacional, enunciados y los que de éstos se desprendan.

Los electores, entonces, tenemos que obrar consecuentemente, pues la opción no es la de acudir a la abstención, porque no nos gusten los candidatos o las agrupaciones políticas que los apoyan, sino votar así sea en blanco, porque ésta también es una opción y no dejar que los demás hagan lo que nosotros mismos podemos hacer por nuestro país.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado, docente universitario.

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