Sobre el fuero penal militar

Aguja

El Congreso Nacional tramitó, a solicitud del gobierno, un acto legislativo sobre la ampliación del fuero penal militar, de contenido equivoco, impreciso, pretencioso y sin propósito claramente definido, como no fuera el de procurar privilegios afincados históricamente por el transcurso del tiempo, por hechos del reciente pasado histórico y por prácticas bélicas y castrenses no siempre ajustadas a la ley.

Los congresistas, algunos en trance de reelección, otros anclados en sectarismos políticos dejados por la historia y, otros más, comprometidos con los principios de guerra total, tierra arrasada y aniquilamiento del enemigo, desoyendo autorizadas voces de alerta y pasando por encima de los convenios y tratados de derechos humanos, aprobaron, a pupitrazo limpio, el proyecto que se convirtió, luego, en el Acto Legislativo No. 02 de 2.012, reformatorio de los arts. 116, 152 y 221 de la Constitución Política de 1.991.

Este esperpento fue demandado por distintas personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y, hasta por propios congresistas, ante la Corte Constitucional, entidad que, en su condición de guardiana del orden constitucional, declaró su inexequibilidad por vicios de forma y sin tocar para nada el fondo del asunto, tal vez como acto de legítima defensa, más que como acto jurídico, ante lo cual no puede y no debe ser aplicado, lo que lleva a que el proyecto de ley estatutaria que con fundamento en el mismo se tramitaba, no pueda convertirse en norma de obligatorio cumplimiento.

La decisión de la Corte Constitucional produjo un torbellino político y jurídico, pues los amigos y partidarios de la solución de fuerza, de tierra arrasada y de aniquilación total del enemigo, como solución al interminable conflicto armado que nos afecta desde

Hace más de cincuenta años, llegaron al extremo de acusar a la guardiana de la Constitución hasta de traición a la patria, olvidando que la paz es un derecho y un deber como aparece consagrada en el art. 22 de la Constitución.

Ahora, bueno es decirlo, se abre la posibilidad de rediseñar el contenido del maladado Acto Legislativo No. 02 de 2.012, pero teniendo en cuenta, cuando menos, lo siguiente: (i) que el fuero penal militar hizo parte de la Constitución Política de 1.886 y que se conservó en el texto de la Constitución Política de 1.991 (art. 221), sin que se haya dejado de aplicar en algún momento; (ii) que la paz es un derecho y un deber respecto de todo ciudadano colombiano y habitante de nuestro país (art. 22); (iii) que se reconozcan expresamente para militares y policiales, en condiciones de igualdad, los beneficios jurídicos, penales y procesales de que trata marco jurídico para la paz contenido en el Acto Legislativo No. 01 de 2.012; y, (iv) que la pretensión fundamental, en realidad de verdad que desean y requieren los mandos militares y policiales y, también el generalato en reserva, es que se consagre constitucionalmente el derecho de guerra, ya bautizado bajo la denominación de derecho operacional, mediante el cual se reglamente la aniquilación total del enemigo, quien quiera que sea, interno o externo, haciéndose uso para ello de los instrumentos legales que así lo permitan, incluida la autorización para “hacer la guerra”.

En este orden de ideas, si las cúpulas militar y policial en servicio activo y el generalato en reserva desean proseguir la guerra, como medio para solución del conflicto armado interno, que lo hagan, pero por los medios legales establecidos en la Constitución y reglamentados en la ley y no por aplicación del principio de que todo vale, para lo cual se hace necesario que el nuevo proyecto de acto legislativo sobre la ampliación del fuero penal militar anunciado por el ministro de defensa nacional, que será presentado con mensaje de urgencia, sea claro, concreto y preciso y, además, ajustado a la Constitución política y a los convenios y tratados de derechos humanos, suscritos y aprobados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como lo tiene establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Por: Rafael Aguja Sanabria, abogado penalista, docente universitario, conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

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